A un mes y siete días de que se comunicara el primer caso de nuevo coronavirus en las cárceles costarricenses, ya se contabilizan 105 reos con covid-19, 70 de ellos activos, según el último corte de Justicia.

A consideración de la Defensoría de los Habitantes, ese aumento “vertiginoso” de reclusos contagiados pone en entredicho el buen manejo de la pandemia a lo interno de los centros penales.

Esa duda desencadenó que, por medio del oficio DH-CV-559-2020, del 3 de agosto pasado, la Defensoría le pidiera cuentas tanto al Ministerio de Justicia y Paz como al Ministerio de Salud, sobre la prevención y atención de esta enfermedad. Tienen diez días hábiles para responder.

Allí, se les solicitó un “detallado informe” sobre la capacidad de los equipos de salud de los centros penales, sobre la adopción y aplicación “eficaz” de los protocolos de prevención y equipamiento, sobre las condiciones laborales del personal a cargo y sobre los espacios de aislamiento.

También pidió reportes sobre el suministro continuo de insumos para higiene, tales como jabón, alcohol en gel, entre otros; y de herramientas para desinfección de las unidades de traslados y de los ámbitos de las prisiones.

Entre otros datos, la Defensoría consultó si Justicia ha tomado medidas para disponer, eventualmente, de mayor recurso humano que contribuya temporalmente en la situación.

Se le consultó al Ministerio de Justicia sobre esta solicitud de información, a lo que respondió con un video de 27 segundos de Fiorella Salazar, ministra de esa cartera, y en el que indica:

“Parte del ejercicio y de las responsabilidades del Ministerio es dar cuentas sobre cómo aplicamos los protocolos sanitarios en este caso específico por covid-19 (...) Siempre estamos abiertos a recibir consultas o pedidos de informes de otras instituciones y nosotros brindamos la información en un ejercicio de responsabilidad y de transparencia, también”.

Preocupaciones puntuales

Entre las preocupaciones de la Defensoría está el tema del aseo en los centros penitenciarios.

Asegura que, si bien existe una marcada importancia de extremar medidas de lavado de manos, autocuidado, y limpieza de superficies, requieren conocer si existió la inducción necesaria a los reos para que conocieran cómo se deben hacer dichos procesos.

Además, debido a que son los privados de libertad quienes realizan las labores de limpieza de los ámbitos, la Defensoría desea conocer si existió la instrucción “adecuada y actualizada de la forma correcta de limpieza de superficies, dadas las condiciones de la pandemia que nos impacta, así como de disponer de los implementos para poder realizarlo”.

En cuanto a la atención médica se cuestiona cómo hacen los equipos de salud para, con el mismo personal, asumir todas las funciones que conlleva la pandemia, aunado a la revisión ordinaria.

También pregunta si cuentan con todos los equipos de protección requeridos, sobre todo porque, según el oficio, el personal de Justicia aseguró que a veces no tienen manera de protegerse o la tienen de forma parcial.

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Sobre este punto, consulta también a Justicia sobre el fundamento técnico para estipular dentro de los lineamientos dar un servicio de atención médica cada cuatro horas a los pacientes con covid-19, sobre todo en el entendido que los reclusos enfermos que se quedan en los centros penales no son casos graves, sino estables.

“Sírvase referir cuál es el fundamento técnico de la medida, toda vez que los pacientes leves con covid-19, según los lineamientos nacionales, son supervisados a distancia por el personal de salud. Las cárceles no cuentan con la infraestructura, la cantidad de personal de salud, el equipo, los insumos ni la capacitación para atender a pacientes moderados, graves y críticos.

“Asimismo, no se justifica un recorrido cada 4 horas ya que clínicamente no se amerita, además de ser contrario a los lineamientos del Ministerio de Salud en comparación con el resto de la población de Costa Rica”, se indica en el oficio, al tiempo en el que aseguró que este tipo de atención tan frecuente expone de forma “innecesaria” al personal.

En el caso de los funcionarios, entiéndase policías penitenciarios o administrativos, la Defensoría pidió conocer las medidas preventivas tomadas para resguardarlos, sobre todo en el caso de las personas que deben estar en constante contacto con los casos positivos de covid-19.

Agregó querer conocer el procedimiento que sigue la institución, cuando un trabajador presenta síntomas o resulta positivo por la enfermedad, así como las gestiones para su reemplazo temporal.

Especial atención

La Defensoría insistió, eso sí, en el caso de dos cárceles puntuales: la Gerardo Rodríguez, en Alajuela, y la de San José (exclusiva para indiciados).

La razón es que, por el perfil de sus reclusos, las salidas a diligencias judiciales son sumamente comunes. De hecho, ejemplificó, solamente en junio se realizaron cerca de 1.300 salidas entre prácticas judiciales y otras salidas, sin especificar cuáles.

Lo anterior implica no solo que el privado de libertad salga, sino que también una cantidad considerable de funcionarios penitenciarios deban salir y eso genera “una exposición clara” a la enfermedad.

El asunto se agrava porque, como medida de contención, Justicia decidió que toda persona que ingrese, ya sea por primera vez o porque regresa de algún asunto judicial, debe guardar aislamiento por 14 días; sin embargo, con la fluctuación de personas, eso podría resultar “insostenible”, según la Defensoría.

Por ello, instó tanto a Justicia como a Salud a tomar decisiones en ese sentido, para que así se puedan prevenir “situaciones más complejas que impactarían el sistema de salud pública costarricense”.