Un narco fue condenado a 42 años de prisión por secuestrar y decapitar a un socio suyo, en San Ramón de Alajuela.
La condena fue impuesta la mañana de este lunes por el Tribunal Penal de la localidad en contra de Hugo Londoño Mejía, luego de que concluyera un proceso que se había suspendido en agosto pasado por la emergencia sanitaria por la covid-19.
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A él lo encontraron culpable del delito de secuestro con resultado de muerte en perjuicio del colombiano Diego Fernando García Lemus, ocurrido en abril del 2018.
Además, los jueces lo condenaron a diez años de prisión por el ilícito de tráfico de drogas, ya que él se dedicaba a la producción de marihuana hidropónica.
En total, la sentencia fue de 52 años; sin embargo, fue readecuada a 50 años debido a que ese es el máximo permitido por la legislación costarricense.
En ese mismo debate, los juzgadores también enviaron a prisión a otros tres sujetos, identificados como Bryan Zúñiga Quirós, José Muñoz Madrigal y Martín Lewin Ramírez.
A cada uno de ellos los sentenciaron a ocho años de internamiento en un centro penal por el delito de tráfico de drogas, ya que formaban parte de la banda de Londoño.
En cuanto a otro imputado, identificado con los apellidos Vargas Hurtado, el Tribunal dictó una absolutoria, pese a que la Fiscalía lo había acusado. Por ello, el Ministerio Público esperará la sentencia integral para “estudiarla y determinar si la apela o no”.
Por último, entre quienes fueron a juicio, también estaba una mujer, apellidada Flores Guevara y quien era la pareja de Londoño. "En apego a la objetividad, este despacho solicitó que se absolviera (...) ya que, a pesar de las diligencias investigativas, en la etapa de juicio no fue posible acreditar su responsabilidad.
¿Cómo ocurrieron los hechos?
Según la acusación fiscal, Londoño, junto a otros sujetos que no están identificados, ideó un plan para secuestrar a la víctima, con el fin de pedirle casi ¢8 millones a su familia.
Este hombre fue secuestrado el 26 de abril del 2018 cuando varios individuos se lo llevaron por la fuerza cuando llegó a su casa, detrás del edificio de los tribunales, en Montelimar de Goicoechea, San José.
Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en aquel momento, García permaneció retenido en una quinta en La Cima de San Ramón. Se trata de una propiedad con cuatro edificaciones, cuya casa principal fue acondicionada para tener un laboratorio de marihuana.
En ese lugar, informó el OIJ, fue donde decapitaron a la víctima.
Días después del hecho, las autoridades confirmaron que, mientras el extranjero estuvo secuestrado, los captores hicieron la solicitud de dinero a la familia de la víctima. Pese a que la pesquisa determinó que los parientes de García eran de clase media, estos hicieron el esfuerzo por conseguir el dinero y pagarlo a los secuestradores.
La investigación por este crimen también permitió establecer que, antes del 2 de mayo del 2018, Londoño, Zúñiga, Muñoz y Lewin se dedicaron a cultivar plantas de marihuana, en la misma propiedad donde tuvieron retenido a García Lemus y en otros sitios ubicados en Cirrí de Naranjo, Heredia y Barranca de Puntarenas.
“Este despacho comprobó que los imputados acondicionaron los lugares con aires acondicionados, aislantes de temperatura y lámparas, obteniendo un ambiente propicio para el cultivo de la droga”, se lee en el comunicado de prensa enviado por Fiscalía.