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El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José ordenó realizar un nuevo juicio contra dos sospechosos de comercializar fentanilo y otras drogas sintéticas.
La resolución, emitida el miércoles, tras resolver un recurso de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, se refiere a los imputados de apellidos Martínez Gómez y Arroyo Sancho, quienes habían sido absueltos por el Tribunal Penal de Pavas en un primer juicio, concluido el 21 de agosto.
El tribunal absolvió a un tercer imputado, un hombre apellidado Valdivia Sing, presunto cabecilla del grupo. En ese debate, la Fiscalía había solicitado pues alegó que no había evidencia suficiente para establecer con certeza su participación en la actividad delictiva.
Por esta razón, únicamente Martínez y Arroyo enfrentarán el nuevo juicio, correspondiente a la causa 22-000230-0622-PE.
Caso: fentanilo en Costa Rica
La investigación de este caso arrancó a finales de 2022, luego de que la Administración de Control de Drogas (DEA) avisara a la Policía Control de Drogas (PCD) sobre la posible presencia de fentanilo en el país. La entidad estadounidense anunció a las autoridades nacionales que se trataba del primer caso de trasiego de fentanilo en la región centroamericana.
Posteriormente, en noviembre del 2023, luego de compras controladas de droga, con fondos de la DEA, se realizaron allanamientos en Alajuela, Tibás y San Sebastián, que permitieron la captura de los presuntos implicados.
Durante el debate, un agente encubierto atestiguó que las pastillas eran de MDMA (éxtasis) u oxicodona, contaminadas con pequeñas proporciones de fentanilo, para crear adicción entre los consumidores y que así se comprobó en pruebas de laboratorio.
Agregó que, durante su intervención, uno de los encartados le habría dicho que el fentanilo venía de México.
En esa ocasión, la representación fiscal solicitó una pena de 14 años de prisión contra los dos hombres, tras acusarlos por pertenecer a una organización criminal que se dedicó a la posesión y comercialización de sustancias prohibidas, principalmente fentanilo, ketamina, metanfetaminas, así como clorhidrato de cocaína, entre otras.
Sin embargo, los jueces los absolvieron por duda. Según la prueba aportada, esta estructura habría operado entre el 2022 y el 2023, concentrando sus operaciones en Escazú, Tibás y San Sebastián, donde almacenaban las drogas para posteriormente comercializarlas, tanto en esos sitios como en modalidad exprés.
En la fase de conclusiones, el fiscal Eduardo Dall’Anese había solicitado que Valdivia fuera absuelto por duda, ante la falta de pruebas testimoniales y documentales en su contra.
En tanto, contra los otros dos encartados, había pedido 14 años de prisión, al argumentar que sí se les demostró que transportaron y vendieron en una ocasión 98 pastillas contaminadas con fentanilo y en otra oportunidad un lote de 400 pastillas de la llamada droga zombi.
Dall’Anese justificó la petición de pena basado en el daño social que genera la venta de este tipo de estupefaciente: “El daño a la salud para los consumidores es altísimo, no es lo mismo una piedra de crack que 400 pastillas de fentanilo, el reproche es mayor, se daña a la sociedad entera” había dicho.
Por su parte, Mario Alberto Quesada, abogado de Arroyo Sánchez, celebró el resultado y argumentó que, en el debate, quedó desacreditada la existencia de una presunta organización criminal.
“No es suficiente con realizar ventas contratadas, sino que se tuvo que haber demostrado dos cosas fundamentales: que existiese una organización debidamente confirmada dedicada al tráfico de drogas y en segundo término que el bien jurídico que se tutela, el cual es la salud pública, hubiese sido lesionado en caso de que se hubiese concretado alguna venta a terceros”.
Alegó que las vigilancias y seguimientos fueron escasos y que no se logró acreditar la venta “de un solo gramo de fentanilo a ningún ciudadano costarricense”.
