El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) informó que se encuentra realizando un cobro judicial a la Municipalidad de Atenas por un monto de ¢90 millones, los cuales fueron destinados en 2018 a la mejora de instalaciones del cantón.
Los fondos debían servir para techar una cancha de baloncesto y otra de fútbol sala, obras que según el ente municipal sí se hicieron, aunque con faltas en algunos pasos del proceso legal que se debía seguir.
El medio de comunicación digital Encuentro Municipal dio a conocer que el Icoder encontró una serie de irregularidades, las cuales el propio ente detalló de la siguiente forma:
“Se hace la advertencia de que las alturas de los techos no cumplen con las medidas oficiales para cada una de las disciplinas, a lo cual, tanto el alcalde como la contraparte técnica del municipio, indican que realizarán una propuesta al Concejo Municipal para subsanar lo indicado. De lo anterior, nunca se obtuvo una respuesta.
Se indica que existe un incumplimiento del convenio firmado, por las siguientes razones: I) No existe una aprobación de los planos por parte de Icoder. II) No se presentaron informes de acuerdo con lo requerido en el convenio. III) No se informó a Icoder del inicio de las obras y se le notifica que se encuentra en ejecución cuando se tiene un avance cercano al 70%. IV) Adicional a lo anterior, se indica que el plazo del convenio está vencido. f) Ante el incumplimiento del convenio suscrito, el Reglamento de Subvenciones faculta a Icoder a proceder a la solicitud de la devolución de los recursos girados”, se lee.
Ante esto, el departamento de prensa del Instituto Costarricense del Deporte, confirmó que ya hay un proceso abierto para recuperar el dinero:
“Se lleva a cabo un proceso de cobro judicial por parte de la Asesoría Legal del Icoder, luego de que el Departamento de Gestión de Instalaciones dio por agotada la vía administrativa, y así se le hizo saber al Concejo Municipal de Atenas el pasado 14 de julio”, se comunicó.
El ICODER añadió que el convenio #463-12-2018, firmado el 19 de diciembre de 2018 entre Icoder y la Municipalidad de Atenas, tenía una serie de acuerdos que el municipio no cumplió.
Por ejemplo, el documento tiene una cláusula en la que los gastos debían ejecutarse antes del 31 de diciembre del 2019; además, que la liquidación debía presentarse a más tardar el 31 de enero del 2020. Si no se cumplían las fechas, el dinero debía ser devuelto.
La municipalidad también tenía que entregar a inicio de cada mes informes sobre las obras.
“Se han documentado múltiples incumplimientos a las cláusulas del convenio y ha sido evidente el desinterés manifiesto de la Municipalidad de llegar a una resolución a este conflicto, pese a los múltiples intentos por parte del Icoder, de llegar a un buen término en esta situación en busca del mejor interés público”, señaló el ente rector del deporte.
El alcalde de Atenas, Wilberth Aguilar, dio su versión de lo sucedido. El gobernador aceptó que hubo una serie de requisitos que se incumplieron; empero, aseguró que si se dio alguna falla fue por desconocimiento del proceso.
“El convenio se firmó en 2018, pero ese dinero entró hasta 2019 en un presupuesto extraordinario que al final se terminó ejecutando hasta 2020. La verdad es que se dieron varios fallos de comunicación, porque, por ejemplo, el ingeniero a cargo no sabía que aunque el proyecto estuviera detenido por temas administrativos, él debía estar informando al Icoder que no se hacía nada”, explicó.
El alcalde agregó que al final las obras están físicamente y se pueden ver, por lo que no hay duda de que los ¢90 millones se utilizaron para lo que estaban destinados. Aguilar agregó que una de las grandes confusiones que se tiene en el tema es que en el contrato no se definió si las instalaciones son deportivas o recreativas.
“La intención es que sean recreativas, en esto estamos arreglándonos, en esto hay gente que hace más escándalo de la cuenta. Ya nos hemos reunido varias veces con el Icoder, necesitamos cumplir con dos estudios: uno de suelo y el estructural, con eso la situación se subsanará, pienso yo”, informó.
El alcalde aclaró que si hay que devolver el dinero antes hay todo un proceso legal que seguir, pero espera evitarlo ya que con los documentos que el Icoder le pidió, él espera que la situación llegue a su punto final.
“La idea es que ya todo quede claro con los informes que faltan y el Icoder vea que todo se hizo bien”; finalizó.
Este diario consultó directamente al Instituto si existía el chance de detener el cobro judicial.
“En este momento, desde la Asesoría Legal del Icoder se está trabajando en la preparación del adeudo para ir a la vía judicial. Sin embargo, el interés del Icoder es que la comunidad pueda disfrutar de esas instalaciones de manera segura, por lo que, efectivamente, el cobro judicial podría dejarse sin efecto si la Municipalidad presentara alguna propuesta y esta fuera aprobada tanto por el Departamento de Gestión de Instalaciones como por la Dirección Nacional del Icoder”, concluyeron.