
El Tribunal Superior Electoral de República Dominicana se desmarcó de las declaraciones de su exmiembro Marcos Cruz, quien vino a Costa Rica a criticar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por solicitar el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves para estudiar denuncias sobre presunta beligerancia política.
Cruz lanzó sus cuestionamientos en entrevistas en los medios OPA y Trivisión.
“El Pleno del Tribunal Superior Electoral de República Dominicana (TSE), ante comentarios públicos emitidos por un exmagistrado de esta alta corte, informa que dichas expresiones son de carácter estrictamente personal y no representan la posición institucional”, dijo el tribunal dominicano en una nota oficial enviada el 27 de octubre al TSE costarricense.
El tribunal dominicano agregó que “no emite pronunciamientos sobre procesos electorales de otros países y reconoce el prestigio internacional que merece el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica”.
El exmagistrado, de ese país caribeño, declaró en entrevista con OPA que la solicitud del TSE de levantar la inmunidad de Chaves es algo que “no ocurre ni puede uno imaginarse que pudiera ocurrir en un país de América Latina. Esto es completamente inédito, no solo para Costa Rica, sino para toda la región”.
Los jueces dominicanos señalaron que la relación con el TSE de Costa Rica es de colaboración y respeto, con ”vínculos de trabajo orientados al fortalecimiento de la democracia”.
Los magistrados costarricenses dieron por recibido la nota y agradecieron “las muestras de apoyo a la labor de estos organismos electorales”.
En Costa Rica, el exmagistrado Cruz cuestionó la potestad del TSE sobre Rodrigo Chaves para investigar la supuesta beligerancia del presidente.
El Código Electoral y la Constitución otorga a los magistrados electorales la potestad de indagar lo relacionado con denuncias “parcialidad política de los servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos”
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El próximo viernes 14 de noviembre comparecerá el mandatario Chaves ante una comisión especial encargada de analizar la solicitud del TSE para quitarle la inmunidad al mandatario y poder seguir adelante con una investigación sobre presunta beligerancia política.
