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El bloque integrado por las cuatro fracciones de oposición en la Asamblea Legislativa cerró filas frente al intento del Poder Ejecutivo de reabrir la minería metálica a cielo abierto como solución a la crisis ambiental y de seguridad que golpea a Crucitas, en el distrito de Cutris, en San Carlos.
Con 26 votos en conjunto, las bancadas ratificaron −como parte del acuerdo político suscrito el 1.° de mayo− su compromiso de mantener la prohibición vigente desde el 2010 y explorar rutas alternativas para atender la crisis ambiental, de seguridad y social en la zona norte.
Hasta el pasado 20 de mayo, la Asamblea Legislativa contabilizaba 644 mociones de fondo presentadas al proyecto de Crucitas, que se tramita bajo el expediente 24.717, las cuales podrían estancar el plenario legislativo. Esto se debe a que, si bien deben ser conocidas en comisión, los diputados pueden reiterar las mociones rechazadas, las cuales deben ser nuevamente conocidas y votadas en el plenario.
Así ocurrió con la propuesta para habilitar las jornadas 4-3, que fue abandonada por el Ejecutivo, ante la gran cantidad de mociones presentadas, lo que terminó obstruyendo el avance de otras iniciativas de ley.
De acuerdo con un informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, del 25 de febrero del 2025, el proyecto puede ser aprobado con mayoría absoluta de los diputados presentes al momento de la votación, lo que sería más que posible para el oficialismo ya que cuenta con 31 de los 57 congresistas.
Prohibición vigente
En el 2010, la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley que declaró a Costa Rica como un país libre de minería a cielo abierto, mediante una reforma al Código de Minería. La propuesta fue impulsada por la fracción del Frente Amplio (FA) y negociada con el gobierno de Laura Chinchilla, como parte de una agenda de consenso.
Esa norma creó un artículo 8 bis en el Código de Minería, el cual establece que “no se otorgarán permisos ni concesiones para actividades de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en el territorio nacional”. Se fijó como excepción el otorgamiento de permisos de exploración con fines científicos y de investigación.
La iniciativa avanzó pese a que, en ese momento, se mantenía vigente la concesión otorgada a la empresa de capital canadiense Industrias Infinito para que explotara el recurso en Crucitas.
José María Villalta, jefe de fracción del FA y quien era diputado cuando se aprobó la reforma del 2010, señaló que el acuerdo adoptado por el bloque opositor actual, no plantea prohibir la minería en todas sus formas, sino mantener en firme la ya existente.
“No excluye otro tipo de actividades como el saneamiento ambiental u otro tipo de minería que no implique la actividad a cielo abierto, que conlleva remover grandes cantidades de terreno, casi botar una montaña entera, donde se sacan muchos materiales para extraer pequeñas cantidades de minerales metálicos”, indicó.
El acuerdo, firmado por las bancadas de los partidos FA, Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), propone la revisión de proyectos alternativos para atender la crisis ambiental, de crimen organizado y de soberanía nacional que enfrenta Crucitas.
Según las agrupaciones, este planteamiento busca el beneficio de las comunidades locales, la protección del ambiente y del territorio nacional.
Oposición: plan es simplista y mal negocio
El consenso entre las fracciones se centra en rechazar el planteamiento del gobierno, según el cual, la solución a la problemática en Crucitas pasa por autorizar la minería a cielo abierto, es decir, legalizar una actividad que actualmente se realiza de forma ilegal.
Entre las razones para oponerse, los legisladores afirman que se trata de una propuesta simplista y que el costo ambiental que provocaría la extracción del oro bajo esa modalidad no se equipara con lo que el país recibiría a cambio, en términos de retorno económico.
La iniciativa impulsada por el Ejecutivo plantea autorizar la minería a cielo abierto en Crucitas a cambio de un pago anual que deberá realizar el concesionario al Estado, el cual se calculará como un porcentaje sobre el valor bruto de las ventas anuales del recurso extraído, con un mínimo obligatorio del 5%.
“Estamos diciendo que vamos a dejar que se extraiga el 95% de nuestro oro, y lo que le vamos a dejar a la comunidad son migajas, con un impacto ambiental altísimo. Hay otras rutas y esas son las rutas que queremos explorar”, indicó Claudia Dobles, diputada de la bancada unipersonal del CAC.
El jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, coincidió con esta visión: “Nos vamos a dejar el 5% del oro y el 100% del daño ambiental, eso es un mal negocio”.
Dejar de lado los prejuicios
Por su parte, Abril Gordienko, diputada de la fracción unipersonal del PUSC, abogó por abordar la discusión “de la manera más desprejuiciada posible”, para tratar de lograr una solución integral al problema, “que resuelva lo ambiental, con compensación real y no solo económica; con un enfoque de beneficio a la comunidad y al país; de seguridad; de eliminación del crimen organizado y de recuperación del territorio”.
Los legisladores afirman que es importante mirar hacia afuera para aprender qué no hacer y también para identificar alternativas para afrontar el problema de Crucitas.
Dobles aseguró que en otros países se ha demostrado que la minería a cielo abierto “no genera riqueza en las comunidades y, sobre todo, lo que se le está dejando a la comunidad no es nada”.
Mientras tanto, Gordienko indicó que el problema se ha vuelto demasiado complejo y que, posiblemente, la mejor solución no sea ninguna de las propuestas actualmente sobre la mesa, sino una alternativa intermedia. “No hay una salida perfecta, nunca va a haberla, lamentablemente”, declaró.
