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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dará a conocer la sentencia en el caso Beatriz vs. El Salvador esta semana, luego de casi tres años de estudio en esa sede judicial, según informó este miércoles a las partes involucradas, y luego de escuchar los alegatos y observaciones finales en abril del 2023.
La decisión de los jueces se dará a conocer este viernes 20 de diciembre, a las 2 p. m., a través de una notificación virtual, en la que los integrantes de la Corte darán lectura a los puntos centrales y resolutivos de la decisión, que de conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos no es impugnable por ninguna de las partes.
El caso se relaciona con alegadas violaciones a los derechos humanos de una joven salvadoreña, denominada públicamente Beatriz (nombre ficticio), y a su familia, debido a la supuesta prohibición absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo en El Salvador.
“Presuntamente, impidió que tuviera la posibilidad de acceder a una interrupción legal, temprana y oportuna, al tratarse de una situación de alegado riesgo a la vida, salud e integridad personal”, explica la Corte en su sitio web oficial.
Beatriz tenía 20 años, vivía en extrema pobreza en el cantón de La Noria Tierra Blanca, municipio de Jiquilisco. Fue diagnosticada con lupus eritematoso sistemático, nefropatía lúpica y artritis reumatoidea. Ella quedó embarazada en julio del 2011.
Durante su primer embarazo, tuvo que ser hospitalizada dos veces, por anemia y exacerbación de su enfermedad de lupus. En marzo del 2012, inició trabajo de parto, que se complicó por preeclampsia, tuvo una cesárea y su hijo sobrevivió, luego de 38 días internado.
En mayo del 2012, por su enfermedad y las complicaciones que tuvo durante el embarazo, un médico le informó de que no podría embarazarse nuevamente y la citó para el 27 de mayo, a efectos de realizar una esterilización quirúrgica. Beatriz no asistió a la intervención, por temor a lo que pudiera pasarle y porque, eventualmente podría pensar en tener hijos más adelante.
En febrero del 2013, se le diagnosticó un segundo embarazo de 11 semanas, de alto riesgo. El 7 de marzo de ese año, se determinó que existía malformación congénita del feto, con anencefalia, condición incompatible con la vida extrauterina y se le informó de que si el embarazo avanzaba, existía posibilidad de que ella muriera, detalla la Corte en la descripción del caso.
“Ante la prohibición de aborto terapéutico en la legislación de El Salvador, la defensa legal de Beatriz presentó una demanda de amparo solicitando la interrupción del embarazo, a efectos de salvar la vida de Beatriz.
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“La Sala Constitucional admitió la demanda de amparo y dictó una medida cautelar, pero el 28 de mayo de 2013 declaró no ha lugar la demanda, ya que consideró que no hubo una conducta omisa, por parte de las autoridades demandadas que hubiera producido un grave peligro a los derechos a la vida y a la salud de Beatriz.
“Según se informa, el 3 de junio Beatriz comenzó con trabajo de parto, por lo que debió ser sometida a una cesárea, y el feto anencefálico falleció cinco horas después”, puntualiza la Corte IDH.
Cuatro años después de su segundo embarazo, Beatriz murió en un accidente de tránsito.
En el caso contra el Estado salvadoreño, la parte demandante aduce que confluyeron, de forma interseccional, múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación, asociados con la condición de mujer joven y persona en situación de pobreza.
En enero de 2022, la Corte IDH comenzó a tratar el caso de Beatriz en contra de El Salvador, donde el aborto está prohibido bajo penas de cárcel de entre dos y ocho años.
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Habitualmente, los tribunales salvadoreños tipifican el aborto como homicidio agravado, elevando la condena a entre 30 y 50 años de prisión.
En América Latina, el aborto es legal en Argentina, Colombia, Cuba, Uruguay y algunos estados de México. En Chile es ilegal, con la excepción de riesgo para la salud de la madre, violación o malformaciones en el feto.
En El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y República Dominicana está absolutamente prohibido.
En la audiencia, realizada en marzo del 2023, se escucharon testimonios de familiares de Beatriz, dos médicos que la atendieron y dos peritos que realizaron la investigación. Ese fue el último paso antes de que el tribunal interamericano dé a conocer su sentencia.
La posibilidad de que el Estado salvadoreño sea condenado ha generado una fuerte reacción de grupos conservadores, entre ellos partidos políticos de corte religioso, como el Partido Nueva República (PNR), de Costa Rica, liderado por el diputado Fabricio Alvarado.
Durante el periodo 171 de sesiones de la Corte, que tuvo lugar del 11 al 29 de noviembre, Alvarado intentó que la Asamblea Legislativa costarricense aprobara una moción para solicitarle al presidente Rodrigo Chaves denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos (conocida como Pacto de San José), para iniciar un proceso para que Costa Rica se retire de la jurisdicción de la Corte IDH.
Sin embargo, esa pretensión no tuvo apoyo en el Congreso, donde 33 diputados rechazaron la propuesta de Alvarado y solamente ocho votaron a favor.
