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Un grupo de 20 diputados de los cuatro partidos políticos de la oposición llevó el proyecto de Ley Marco de Alianzas Público Privadas a consulta de la Sala Constitucional al alegar eventuales vicios en la iniciativa, entre ellos la presunta creación encubierta de una institución autónoma y la exención de los controles presupuestarios de la Contraloría General de la República (CGR).
La gestión lleva firmas de los siete congresistas del Frente Amplio (FA), 11 de Liberación Nacional (PLN) y las unipersonales de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).
La consulta plantea, por ejemplo, que la creación de la Agencia Nacional de Alianzas Público Privadas (Anapp), presentada como un “ente público no estatal con personalidad jurídica instrumental”, ubicaría a esta entidad en una categoría excepcional, pero que a juicio del FA resulta jurídicamente improcedente.
Según la consulta, la agencia no encaja dentro de la categoría de ente público no estatal, sino que reúne los elementos característicos de una institución autónoma, como lo establece la Constitución Política.
Según la Ley de la Jurisdicción Constitucional, los magistrados tendrán un mes a partir de recibir una copia del expediente para responder las preocupaciones de los diputados.
Los 20 legisladores también plantearon a la Sala Constitucional que el proyecto de ley exime indebidamente a la Anapp de los controles de la Contraloría General de la República (CGR) en cuanto a la aprobación de los presupuestos de las instituciones autónomas.
Adicionalmente, la consulta señala que habría una violación al régimen constitucional de empleo público en la iniciativa legal, pues crea la Anapp fuera de la sujeción de la Ley Marco de Empleo Público vigente, creando un régimen autónomo de empleo para la nueva institución.
El argumento es que ya la Sala Constitucional había establecido, para otras instituciones, que por su condición deben regir sus relaciones de empleo bajo las normas y principios constitucionales.
Los legisladores también alegaron que la iniciativa violaría el principio de equilibrio financiero y presupuestario, porque el proyecto de ley establece que el total de compromisos firmes y contingentes derivados de los contratos de la Agencia será limitado por el Ministerio de Hacienda, sin plantear parámetros objetivos.
Los diputados del bloque también cuestionaron que la ley genere un presunto vaciamiento de las competencias tarifarias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), al hacerse una transferencia de potestades, de hecho, hacia un órgano político y no técnico.
El criterio de los diputados es que el principio constitucional de precaución exige que las autorizaciones administrativas cuenten previamente con aprobación.
“En el caso concreto de la iniciativa aprobada, ese principio se trasgrede (...); permite que un proyecto de alianza público-privada avance hacia licitación y adjudicación sin que exista una definición ambiental definitiva sobre sus impactos, riesgos, condiciones de viabilidad y medidas de prevención, mitigación o compensación”, dice la consulta.
De igual forma, se cuestiona una presunta transferencia de competencias de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) a la Dirección General de Alianzas Público Privadas, así como una supuesta trasgresión a los fundamentos constitucionales de la autonomía de las instituciones.
Finalmente, la consulta cuestiona un presunto exceso en la potestad reglamentaria, al permitirle al Poder Ejecutivo o a la junta directiva de la Anapp una potestad abierta, indeterminada para crear, por reglamento, nuevas e innominadas modalidades de contratos de asociación público-privada.
Adicionalmente, se reclama una supuesta violación de potestades del Ejecutivo y el Congreso, porque se permitiría a la agencia producir efectos jurídicos coercitivos sobre instituciones del Estado, como lineamientos sobre toda la administración pública en materia de proyectos de asociación público-privada.
