Por: Eduardo Solano Solano.   Hace 5 días

Una de las materias que más nos ocupa a las autoridades de la nueva administración es la reducción de la tasa de homicidios dolosos. Junto con los megaoperativos efectuados también debemos tomar medidas para atacar estructuralmente las causas de la violencia.

Es innegable la relación entre las armas de fuego y los homicidios dolosos (uno de los principales problemas del país, declarado epidemia por la Organización Mundial de la la Salud). Según información divulgada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al analizar la totalidad de los homicidios dolosos del 2017 se determinó que cerca del 72 % fueron cometidos con un arma de fuego.

El énfasis de las reformas está puesto en el uso irregular de armas de fuego con la intención de llegar directamente a las organizaciones criminales

Asimismo, de acuerdo con el análisis policial de los feminicidios, hecho por ese mismo organismo, el arma de fuego es el segundo instrumento empleado en dichos asesinatos.

Si queremos reducir las tasas de homicidios dolosos, necesariamente debemos mirar hacia la regulación de la tenencia de armas como una solución indispensable. Las experiencias de otros países son ejemplos perfectos de cuáles caminos recorrer.

En Escocia se aprobó una fuerte regulación y los resultados no dejan espacio para las dudas: pasada una década, los crímenes con armas de fuego se han reducido en un 75 %, según datos revelados por ese gobierno. En Australia, la historia es parecida; en 1996 (posterior a un tiroteo masivo que cobró la vida de 35 personas) se aprobaron drásticas medidas regulatorias que tuvieron un impacto positivo: una década después de esos cambios, los resultados fueron abrumadoramente favorables, pues los homicidios con armas de fuego se redujeron en un 59 % y los suicidios en un 65 %.

En Costa Rica se han hecho esfuerzos por actualizar la regulación legal (la Ley de Armas y Explosivos vigente es de 1995); sin embargo, la oposición ha sido más fuerte que el interés público. Se han presentado innumerables proyectos de ley para modificar la actual legislación, pero siempre enfrentan férrea oposición que evita su aprobación. Ya sean reformas integrales o parciales, ninguna supera la etapa de comisión legislativa. Mientras eso pasa, el desfasado marco jurídico es cómplice de muchos de los problemas de seguridad actuales.

Media docena de proyectos. La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa tiene más de seis iniciativas (entre reformas parciales e integrales) para la modificación de la Ley de Armas y Explosivos, sin que ninguna haya logrado avanzar.

La apuesta del Ministerio de Seguridad Pública se centra en los expedientes 20.508 y 20.509. En ellos se establecen reformas parciales a la ley en cuestión y, siendo limitados, pero realistas ante la fuerte oposición que enfrentan, buscan dotar de herramientas legales a las autoridades para ejercer un mejor control sobre la tenencia ilegal de armas o sobre la portación de armas prohibidas.

El énfasis de las reformas está puesto en el uso irregular de armas de fuego con la intención de llegar directamente a las organizaciones criminales; es decir, si usted es un usuario responsable de un arma de fuego, no debe preocuparse por esos proyectos.

Confiamos en que la Asamblea Legislativa llegue a los acuerdos requeridos para que los proyectos sean aprobados y podamos darles mejores herramientas a las autoridades policiales para combatir a las organizaciones criminales.

Las actuales condiciones son insuficientes para reducir la epidemia de homicidios que está viviendo el país, por lo cual las medidas aquí expuestas no solo son urgentes, sino también indispensables si aspiramos a vivir en paz.

El autor es viceministro de Seguridad.