El 2 de octubre, en la convocatoria a las próximas elecciones, dije que Costa Rica había cambiado, que este sería un proceso electoral muy distinto y que el clima de malestar ciudadano con la política y los políticos en general debía asumirse como una razón más para participar, pero para hacerlo de una manera crítica e informada. Distintos estudios científicos recientemente publicados (el Informe Nacional sobre Desarrollo Humano , el Latinobarómetro y el XIX Informe del Estado de la Nación ) dan cuenta de estos cambios y fenómenos sociales, y permiten apreciar su complejidad y alcance.
¿Cómo vemos al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en relación con esos procesos de cambio y qué desafíos interpretamos que nos corresponde asumir en estos tiempos revueltos? Vemos al TSE como el soporte institucional que le dará a Costa Rica estabilidad en el cambio; que le permitirá al pueblo costarricense mantener abierto el diálogo social y canalizar pacíficamente sus conflictos y desencuentros, de modo que la pluralidad de horizontes que inspiran a distintos sectores de nuestra sociedad puedan zanjarse en el ágora ciudadana y en el consenso de las urnas. Estamos cambiando, sí, pero en este trance será fundamental conservar (más allá de los cambios) ese núcleo duro de nuestro desarrollo institucional (y rasgo de cultura política), que es la opción por la democracia.
¿Por qué esa debe ser una aspiración compartida? Porque solo en ese marco de respeto y apertura será posible continuar el diálogo que como nación plural hemos mantenido de forma pacífica por décadas. Lo que debemos defender en tiempos de cambio no es lo que se opone al cambio, sino lo que posibilita transitarlo en paz. Solo la democracia es capaz de canalizar las crisis para que los pueblos las transiten sin que estás desemboquen en caos y violencia. Y, para que el andamiaje estatal y social no se desbarranque en medio de los inciertos caminos de la crisis y el cambio, es imprescindible el “mísero detalle técnico” del que, según Ortega y Gasset, depende la salud de las democracias: el sufragio. Los procesos electorales (y la institucionalidad que los organiza, dirige, vigila y juzga) son los únicos capaces de conferir legitimidad a los gobernantes (en tanto autoridades transitorias), más allá de la satisfacción o malestar que sus gestiones provoquen en la población.
El TSE es el pilar o punto de equilibrio político-institucional que posibilita el cambio sin riesgos de ruptura de nuestra convivencia pacífica. Un pilar muy resistente, antisísmico, porque combina flexibilidad con firmeza o, lo que es lo mismo, capacidad de adaptación con rigidez. Una estabilidad que no es estancamiento y una apertura que no es vulnerabilidad: ha combinado una enorme capacidad de adaptación a los cambios sociales, con una obsesiva rigidez en la defensa de la pureza del sufragio. Ejemplo de lo primero es su reciente certificación ISO, incursión en redes sociales (pionera entre los organismos electorales de la región), empuje a favor de la inclusión político-electoral de mujeres, privados de libertad, indígenas, personas discapacitadas, adultos mayores y costarricenses en el extranjero; celo en la protección de los derechos de los militantes frente a las jerarquías partidarias, y proactividad en la propuesta de reformas legales para la mayor transparencia en el manejo de las finanzas partidarias y equidad en la contienda. Todos son cambios que han resultado de escuchar con atención las inquietudes ciudadanas.
En cuanto a la rigidez en la defensa de la pureza del sufragio, el fruto de ello es un proceso electoral blindado. El fraude electoral es imposible en Costa Rica, gracias a las mesas de votación en manos de los ciudadanos, registros documentales de las acciones de la mesa contrastables, padrón electoral depurado y actualizado, fiscalización partidaria, otras formas de veeduría nacional e internacional, amplia y plural cobertura de la prensa, multiplicidad de funciones y funcionarios electorales concernidos en el proceso, riguroso régimen de faltas y delitos electorales, y un proceso detalladamente reglado (particularmente, en punto a la validez y nulidad del voto). Todos están resguardos con una única finalidad: escuchar y hacer respetar la voz del soberano.
Esta apertura y rigidez tienen un fundamento: el compromiso inquebrantable del TSE con los valores de la democracia (respeto, tolerancia, diálogo). Vamos a defenderlos con absoluta contundencia en este contexto de rápidas transformaciones sociales. Por eso, a través de nuestro Instituto de Formación y Estudios en Democracia, hemos asumido decididamente una función pedagógica que enfatiza la importancia de entender la democracia como forma de vida. El TSE del siglo XXI, además de garantizar la pureza del sufragio y los derechos políticos de los costarricenses, asume una labor educativa para la formación de escolares y colegiales, para la capacitación de militantes partidarios y para la construcción de cultura democrática de la ciudadanía en general.
Finalmente, en aras de no perder esa capacidad antisísmica, resistimos como Institución la presión de dos corrientes coincidentes en su extremismo, aunque contrarias en la dirección de sus derivas. Una corriente regresiva, que quisiera un TSE “cuentavotos”, que no intervenga cuando las jerarquías partidarias violen los derechos de los militantes y que tampoco fiscalice el manejo de las finanzas de los partidos (el uso que hacen del dinero público y la procedencia de sus fuentes privadas de financiamiento). Quieren al TSE del siglo pasado. Un árbitro que determina con exactitud cómo quedó el partido, pero que no tiene silbato, ni voz para amonestar, ni tarjetas. Un árbitro ausente durante el juego.
La otra corriente es la punitiva. Quieren un TSE policiaco, que revise, sin denuncia de por medio, lo que dicen los curas en sus homilías, que vigile lo que postean las personas en Facebook, que valide las encuestas antes de que salgan, la forma en que se presentan las noticias antes de que se publiquen y hasta que garantice que lo que prometen los candidatos en campaña lo puedan cumplir.
Todo ello, con el fin de que encuestas, medios de comunicación, curas o candidatos no engañen a la gente. En suma, un TSE que parta de la premisa de la incapacidad de los ciudadanos para ser ciudadanos.
Nos resistimos a las presiones de ambas corrientes extremas. A la regresiva, porque no desandaremos el camino avanzado en la apropiación de nuestro mandato constitucional. Y a la punitiva, porque no traicionaremos nuestras raíces: la vocación por preservar el régimen de libertad en el que los ciudadanos libres son los artífices de su destino como pueblo.