Nadie puede negar que Costa Rica enfrenta una crisis fiscal que requiere inmediata atención. Soy un ciudadano emprendedor, no soy millonario, ni dueño de una gran empresa y comprendo perfectamente la necesidad, como costarricense, de hacer mi aporte a la sostenibilidad financiera del país y, por supuesto, a contribuir a la paz social que siempre ha reinado en la nación.
No resto el derecho que los sectores tienen de manifestar su oposición o aprobación a la legislación promovida para paliar –porque no resolverá el problema– del déficit fiscal; sin embargo, tampoco resto el derecho que los ciudadanos tenemos para transitar con libertad por nuestro país sin tener que enfrentar bloqueos, malacrianzas y desplantes de fuerza innecesarios de parte de los sindicatos de trabajadores públicos.
Orden constitucional. Ante los hechos que se han presentado durante los últimos días, que han limitado el derecho de los asegurados a tener atención de sus problemas de salud lo más inmediata posible, en que se han visto afectados el libre tránsito, la libertad de empresa y comercio, el derecho de la niñez y adolescencia de recibir la educación establecida en la Constitución Política y hasta el derecho cívico de celebrar nuestra independencia, el Ministerio de Seguridad Pública ha tenido que emprender una serie de medidas para garantizar los derechos que nos asisten a los ciudadanos que no estamos en huelga; además de su obligación a garantizar la seguridad pública por todos los otros aspectos, como la delincuencia común o el crimen organizado.
Nuestros policías son hombres y mujeres valientes que dan la vida sin conocernos, sin esperar nada a cambio; están cumpliendo su deber y no se vale que los huelguistas los apedreen o les falten el respeto. Eso no es de un pueblo educado y menos de sindicatos que después quieren “defenderlos”.
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El país debe estar claro, los policías cumplen con un mandato constitucional; es nuestro deber respetarlo y si se presentan abusos de poder o autoridad debemos recurrir al ordenamiento jurídico para denunciar, pero sin abusar de nuestra posición de civiles en huelga para dañar su integridad física y moral.
El autor es consultor.