El editorial de La Nación (02/11/10) lleva razón. La reforma legislativa que pretende hacer una realidad la supervisión consolidada de grupos financieros “está empantanada en la Asamblea Legislativa.” Pero es lo único en lo que lleva razón el editorial.
Desde 2005, cuando el entonces diputado Bernal Jiménez presentó la iniciativa, esta ha sido obstaculizada por muchos intereses poderosos. Ahora bien, un hecho bien documentado es que el partido que más ha impulsado la aprobación de este proyecto ha sido el Partido Acción Ciudadana. Reconocemos la necesidad de que la Sugef pueda supervisar en otras plazas y, más aún, decidir si un grupo financiero nacional puede o no establecerse o permanecer en una plaza.
Impulso al proyecto. Queremos que este proyecto sea una realidad, tanto así que llevamos más de 5 años impulsándolo, y con ese interés es que hemos presentado mociones para mejorarlo. Por ejemplo, hemos presentado mociones de transparencia, para que los integrantes de la Sugef y Conassif no puedan tener empresas que brinden servicios financieros y no financieros a los supervisados. ¡No vaya a ser que alguien haga negocios con información privilegiada!
También presentamos mociones para que los miembros de alto nivel de la Conassif y Sugef que se retiren del puesto no puedan de inmediato pasarse a los entes supervisados. ¡No vaya a ser que personas en la supervisión o en la función pública brinquen de lo público a lo privado con información privilegiada, lo que les permitiría lucrar y competir de manera desleal! ¿Pasará eso en Costa Rica?
También presentamos cinco mociones para corregir una inconstitucionalidad, ya que un artículo le daba la atribución a la Sugef de imponer la reglamentación costarricense en la otra plaza (otro país), donde esté operando un banco. Eso se denomina extraterritorialidad de la Ley, y como señala el informe de servicios técnicos: “la extraterritorialidad de estas competencias devienen en inconstitucionales'”.
Las inconstitucionalidades que el PAC pretende solucionar han sido señaladas por la Corte Suprema de Justicia y el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa; no se trata de invenciones sin fundamento jurídico, o cómo lo han querido poner La Nación y Liberación Nacional, de acciones para beneficiar intereses específicos.
Interés nacional. La importancia real de este tema está en la defensa de los intereses costarricenses. Esa es la agenda del PAC. Por eso llama la atención que estos actores pongan la lupa en Bicsa (la banca pública nacional) y el BCT (privada nacional); mientras, por otro lado, se deja por la libre y se les dan todo tipo de ventajas a los bancos de capital internacional que operan en el país y donde los costarricenses también ponen sus ahorros.
Es decir, La Nación y el PLN nos acusan de obstruir cuando lo que queremos es hacer el proyecto viable. Lástima que no hubieran hecho primero una revisión legal e histórica de la posición del PAC en esta materia, antes de sacar a pasear la pluma y la opinión con inexactitud, desacierto y a fin de cuentas con la intención de difamar a Acción Ciudadana.
¿Y con todo esto, qué logran, además de querer atacar una vez más al PAC? A fin de cuentas, enturbiar el futuro del proyecto de supervisión consolidada de grupos financieros. ¡Qué siga la fiesta sin la supervisión!
Una vez más, ciertos intereses en determinados momentos cierran filas para atacar al PAC. No es algo nuevo, si bien es algo que creíamos que había quedado en el pasado. Frente a esto, como en tantos otros asuntos de interés nacional, renovamos nuestro compromiso con Costa Rica, principalmente con las personas más humildes y con los principios que están en la base de nuestra razón de existir.