Los costarricenses hemos escuchado a lo largo de muchos años sobre iniciativas para la simplificación de los trámites en las oficinas estatales, y el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez trajo la esperanza de concretarlas por medio del gobierno digital.
Sería injusto negar el progreso. Un ejemplo es el portal del contribuyente en la administración tributaria virtual, del Ministerio de Hacienda. Estoy seguro de que debe haber otros.
La pandemia, lamentablemente, sacó a flote la otra cara de la moneda. La Contraloría General de la República detectó miles de inconsistencias en los registros de las pruebas de covid-19; específicamente, el 30 % contiene errores.
En los centros de vacunación no hay pantallas informáticas, pero abundan los registros en papel, método rudimentario para manejar cientos de miles de nombres y citas programadas.
La muy afamada app EDUS de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha sido un actor elusivo durante el manejo de la pandemia, a pesar de tener casi todas las condiciones para la trazabilidad de contagios y del programa de vacunación.
Imagine lo que sería que al llegar a vacunarse le pidieran a usted mostrar el código generado por el EDUS. Los datos fluirían automáticamente a la CCSS con el uso del dispositivo de lectura. El país tendría controles diarios y correctos.
Dónde está el cuello de botella. El asunto de fondo es de quién es la competencia para tomar la decisión, sea ética, de salud pública, legal o informática. Queda claro en la noticia del martes 11 de mayo que los sistemas del Ministerio de Salud, de la CCSS, del Inciensa y de los laboratorios privados no se comunican fácilmente. No debería sorprender a nadie, pero cabe preguntar a qué se debe.
Mi opinión, como consultor, y por mi experiencia de trabajo con múltiples instituciones estatales nacionales y de otros países de Latinoamérica es que el problema son los feudos en los departamentos de informática gubernamentales.
Los informáticos son los culpables. Las universidades los entrenan para ser creativos y brindar soluciones, lo cual es bueno. Lo malo es que no aprenden a trabajar en equipo. Solo su solución sirve, siempre la de ellos es la mejor y que nadie diga nada.
Así, dejando las cosas en manos de cientos de departamentos de informática y una miríada de orgullosos informáticos, no hay forma de lograr la interoperatividad en el concierto de la información estatal.
Sin interoperatividad, la simplificación de trámites se ve limitada a soluciones aisladas por institución; buenas, pero de poco alcance. El gobierno requiere un árbitro, urgentemente, con poder de decisión y autoridad.
Otra forma de actuar. Con el mensaje «mi juego es el juego limpio», la FIFA insistía en cambiar la mentalidad de los jugadores a escala internacional. Lo mismo es necesario en el gobierno.
«Los datos no son míos, sino de los ciudadanos, quienes son nuestros jefes» o «yo programo para toda Costa Rica» son ejemplos de posibles mensajes (sin duda mejorables).
Por supuesto que se requiere mucho más que un lema o eslogan para cambiar la mentalidad del gremio informático gubernamental, habrá que organizar talleres, sesiones conjuntas de diseño, educar, entrenar y motivar.
Hay muchas metodologías para la gestión del cambio de donde escoger, lo fundamental es reconocer que es preciso hacer el esfuerzo y que el árbitro ejerza el liderazgo para llevar a cabo la labor.
El árbitro necesario es la Agencia Nacional de Gobierno Digital, y su principal objetivo debería ser la simplificación de trámites mediante una transformación profunda de los equipos informáticos, dispersos por todo el aparato del Estado. Espero que la próxima pandemia no nos agarre sin ella.
El autor es consultor.