La identidad personal tiene una vertiente digital que se expande cada día y se construye con mayor información. Esta, a su vez, es mucho más íntima y sensible.
A través de dispositivos inteligentes, las personas generan datos que brindan precisión sobre aspectos de las esferas más vulnerables de su personalidad: ubicación, deseos, vínculos familiares y laborales, estados de ánimo y salud o preferencias gastronómicas, estéticas, musicales, lúdicas, políticas.
Esa información se procesa en tiempo real por medio de inteligencia artificial, machine learning y big data.
Coyunturas internacionales que pusieron de relieve el verdadero valor de los datos personales en el mercado y, además, la intrínseca relación que tiene la protección de estos con la democracia, condujeron a los parlamentos del mundo a dar pasos para regular la materia.
En consecuencia, durante este cuatrienio promoví una reforma integral de la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos (8968), pues es necesario que el país integre los más altos estándares y brinde mejores herramientas a la ciudadanía para el control de la información que produce, lo cual, a la vez, brinda certeza jurídica para el tratamiento de los datos en los sectores público y privado.
Pero la labor no acaba en los datos personales que son, de alguna manera, el signo externo —”el rastro” o “las huellas”— de nuestra identidad o personalidad.
Empresas del campo de la salud y otras, como Tesla o Meta (dueña de Facebook), están desarrollando tecnologías que inciden directamente en la actividad neuronal, con lo cual leen información dentro del cerebro, o incluso modifican decisiones o percepciones.
Los fines con los que se podría usar una tecnología de esta naturaleza en los seres humanos plantea discusiones éticas muy profundas que apuntan a la necesidad de legislar prontamente sobre los llamados neuroderechos, es decir, derechos que protegen la integridad del cerebro humano y la actividad neuronal, y, con ello, identidad, personalidad e integridad humanas.
Rafael Yuste, neurobiólogo creador de la NeuroRights Foundation (NRF), asegura que por primera vez se podrá ver lo que hay en la mente humana y cambiarlo.
“Los científicos proponemos regular de forma ética el uso de estos avances tecnológicos”, subraya Yuste, pues es una tecnología que bien podría ser poderosamente útil para tratar dolencias neuronales de larga data, como el alzhéimer o la enfermedad de Parkinson, entre muchas otras.
Organizaciones como la NRF han planteado la inclusión de los neuroderechos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En Chile, adquirieron primero rango legal y, posteriormente, constitucional.
Se proponen cinco: el derecho a la privacidad mental, a la identidad personal, al libre albedrío, al aumento de la neurocognición y a la protección contra los sesgos.
La inclusión de los neuroderechos en el marco normativo costarricense debe hacerse tras una discusión profunda. Pero el detenimiento no puede ser excesivo: las consecuencias de un uso no regulado serían nefastas y violatorias de la dignidad humana.
En ausencia de un marco jurídico global, es preciso que la discusión en la Asamblea Legislativa comience cuanto antes.
enriquesanchezcarballo@gmail.com
El autor es diputado.