EscucharA raíz del lamentable hecho conocido como el escándalo del cemento chino, en varios medios de comunicación se ha hablado, y, según mi criterio, especulado, sobre la inconveniencia de que personas que hayan tenido participación activa en política lleguen a ocupar cargos de magistrados en la Corte Suprema de Justicia.
En el programa radiofónico Malas compañías, Armando González e Ignacio Santos, en una muy interesante entrevista con la licenciada Adriana Orocú, se hicieron eco de lo inconveniente de que políticos fuesen magistrados. En ese programa se llegó, incluso, a manifestar que para que un político ocupe un cargo de magistrado debe esperar por lo menos ocho años para que se “descontamine”. No sé cuál será la enfermedad contagiosa que tenemos quienes hemos sido políticos.
En el mismo sentido, y con la misma licenciada Orocú, Marcelo Castro, en un programa de Canal 7, dijo más o menos lo mismo.
Punto de vista equivocado. Con todo respeto, eso no es cierto. No es la participación política lo que hace a un individuo buen o mal magistrado. Ricardo Jiménez, político por excelencia, fue incluso presidente de la Corte Suprema de Justicia.
En el pasado no muy lejano, magistrados como Antonio Arroyo y Rafael Benavides pasaron de diputados a ser magistrados. Más recientemente, Rodolfo Piza Escalante, diputado y embajador en la ONU, después fue magistrado y, finalmente, Luis Paulino Mora, después de ser juez por mucho tiempo, dejó la Corte para asumir como ministro de Justicia. Luego, volvió a la Corte y llegó a ser su presidente.
En otro orden de ideas, personas como Elizabeth Odio Benito, dos veces ministra y vicepresidenta de la República, honró y le dio prestigio a Costa Rica como magistrada de la Corte Internacional de Justicia y ahora es magistrada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ninguna de las personas mencionadas fue un descrédito para la Corte. Todo lo contrario. En muchos casos, su contribución fue muy positiva. Por lo dicho, considero que afirmaciones como las comentadas no solo no son ciertas, sino que no le hacen ningún bien a nuestro sistema institucional, pues contribuyen al desprestigio constante de la clase política y causa poca participación de la ciudadanía en la solución de los múltiples problemas políticos que nos agobian.
El autor es abogado.
