La campaña electoral está dejando muchas dudas respecto a la transparencia en la forma de hacer política. Durante el proceso, se han presentado innumerables hechos plagados de opacidad (viajes internacionales, órganos carentes de neutralidad, fideicomisos que despiertan suspicacias, etc.) que generan justificadas dudas sobre tales actuaciones.
La falta de transparencia en la política y la desconfianza que produce son dos de los reclamos que los ciudadanos manifiestan en múltiples mediciones internacionales relacionadas con el desempeño de la democracia.
Una de las instituciones que más críticas ha recibido son precisamente los partidos políticos, por lo que resulta vital e inaplazable fortalecerlos y restaurar los vínculos de confianza entre los ciudadanos y estos.
Como afirma Transparencia por Colombia, la solidez y estabilidad de la democracia y la gobernabilidad del sistema político se edifican sobre la relación representantes-representados, vínculo que en muchos países se ha deteriorado, y las crisis debido a ello afectan el modelo de representación y la forma de hacer política.
Las agrupaciones políticas deben contribuir a reconstruir esos lazos mediante una apertura informativa real, que despeje sospechas acerca del ejercicio de la política, amplíe la participación ciudadana y consolide una cultura de rendición de cuentas a fin de rescatar la esencia misma de la relación de representación.
Los partidos son los llamados a dar el primer paso en ese camino, sin esperar más reclamos ni cuestionamientos ciudadanos. Solo cuando se haya reconstruido, la transparencia será un activo diferenciador, una ventaja competitiva para estas agrupaciones y un imperativo en la forma de desempeñarse en política.
Para transparentar la gestión partidaria, Transparencia por Colombia propone las siguientes nueve claves, cada una con implicaciones muy sustantivas: 1) poner en funcionamiento mecanismos que garanticen apertura informativa e integridad; 2) quien ejerce el poder y toma decisiones en representación de otros está obligado a rendir cuentas; 3) trascender la normatividad jurídica y trabajar con la ciudadanía por una nueva cultura política; 4) instalar en el partido la cultura de transparencia, apertura y control; 5) observar principios y buenas prácticas de orden, racionalidad y claridad en el manejo de los recursos económicos; 6) establecer principios de circulación de la información y apertura en todos los mecanismos de decisión partidaria; 7) crear órganos y mecanismos de control para la fiscalización y la sanción; 8) publicar en los medios o canales modernos información pública veraz, completa, oportuna, accesible y relevante; y 9) comprometerse de forma real con la coherencia entre el discurso sobre la transparencia y la acción.
La transparencia es un concepto político que viene ganando preponderancia en la agenda de los países democráticos. En sentido amplio, se refiere a la integridad como principio ordenador de la conducta pública, lo que supone la existencia de una serie de deberes de idoneidad, honestidad, probidad, rendición de cuentas y legalidad, por citar solo algunos.
Lo que se ha visto en la campaña electoral es muy serio y tiene que llamar la atención también del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), institución que se ha quedado rezagada en la promoción ante la Asamblea Legislativa de reformas necesarias e impostergables para mejorar los procesos de elección.
En la medida en que haya estándares más altos para el funcionamiento de los partidos políticos se evitará la atomización perversa del sistema de partidos.
El secretismo y la opacidad, hoy por hoy, deben ser sustituidos por transparencia, reglas claras y respeto, así como procedimientos sin opacidad para la elección de autoridades y candidatos y para la gestión interna de las agrupaciones que aspiran a gobernar.
Se trata de recuperar el papel trascendental que los partidos políticos deben desempeñar en la reconstrucción de la democracia del siglo XXI, con vistas a dejar atrás los devastadores retrocesos que nos ha tocado presenciar a causa del populismo, autoritarismo y pobre desempeño de las instituciones democráticas en las primeras dos décadas de este centenario.
La autora es politóloga e internacionalista.