El mecanismo que utilizó el gobierno para identificar legalmente a las personas que solicitaron el bono proteger consistió en una reproducción digital de la firma física que el solicitante realizaba en el formulario electrónico.
De acuerdo con el informe de la Contraloría, unos 54.000 que no cumplían los requisitos recibieron el beneficio. Por otra parte, la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen alertó en el 2020 sobre el aumento exponencial de las denuncias por delitos electrónicos, y calculó el perjuicio económico ocasionado a las víctimas en ¢7.500 millones solamente durante el 2020.
Estos casos recientes demuestran la urgente necesidad de contar con un sistema confiable y jurídicamente válido de identificación digital, que nos permita identificarnos en un mundo cada vez más digital y remoto, con la misma seguridad que tiene la cédula de identidad en el mundo físico.
La identificación y la identidad digitales se consideran un derecho fundamental, un mecanismo básico para acceder a servicios de toda índole y para brindar a los Estados un medio idóneo para garantizar la inclusión digital y la identificación de los beneficiarios de sus programas sociales y servicios.
Existen cinco modelos diferentes de sistemas de gestión de la identidad digital: centralizado, identidad provista por un tercero, federado, centrado en el usuario e identidad autosoberana (IAS, por su siglas en inglés).
Este último modelo es un sistema de gestión de identidad descentralizado, sin intervención administrativa, y se basa en la tecnología blockchain y en el uso de billeteras digitales. Es considerado uno de los mejores para subsanar el principal riesgo del mundo virtual: la desconfianza entre diferentes usuarios, que no se conocen mutuamente.
En la práctica, instituciones como el BID han considerado que este modelo ofrece y garantiza a los individuos el control de su identidad digital y tiene el potencial para resolver los desafíos actuales y potenciar las ventajas de la economía digital.
Se trata de un esquema centrado en el ciudadano, que le permite controlar sus datos personales a través de diversos mecanismos de autenticación, y la persona mantiene la titularidad de sus datos sin importar cuántas transacciones realice o el número de entidades con las que interactúe; además, es quien decide cómo y cuándo utilizar su información para el acceso a estos servicios digitales.
Es un mecanismo que posibilita al ciudadano ser soberano de sus datos, su información y su identidad digitales en tiempos de metaversos, algoritmos y datos que valen oro.
El autor es abogado.