EscucharUna somera revisión de las noticias diarias relacionadas con los servicios de salud nos revela un alto nivel de malestar de la población al respecto. Veamos dos ejemplos muy claros:
- Cerca de 800 pacientes con cáncer permanecen en lista de espera bajo el riesgo de no sobrevivir porque Radioterapia del Hospital México no cuenta con suficientes aceleradores lineales para atender la demanda.
- A una vecina de Alajuela, de 67 años, afectada por un intenso dolor en las rodillas, referida por su Ebáis al especialista, le dieron cita para atenderla en nueve años.
Los afectados se ven obligados a presentar recursos de amparo. La paciente alajuelense, gracias al consejo de una avezada vecina, contrató a un abogado especialista en “salacuartazos”, gracias al cual logró ser vista en menos de un mes.
En cuanto a los pendientes de radioterapia, el defensor de los habitantes ha exigido un informe a la Caja Costarriense de Seguro Social (CCSS) sobre las acciones que se adoptarán para asegurar la oportuna atención de los afectados. Según afirmó en abril un experto de la Organización Internacional de Seguridad Social, Costa Rica está entre los países donde la judicialización de la salud ha cobrado matices epidémicos, junto con Colombia, Argentina y Brasil. Este mecanismo para reclamar una atención oportuna o el acceso a medicamentos especializados es sumamente costoso, inoportuno, inequitativo y no conduce a la mejoría sistemática del aparato de salud.
Es gracias a este procedimiento judicial que un número creciente de enfermos pasan por encima de otros asegurados quienes, a su vez, han esperado meses y años una cirugía, a fin de hacerse un examen diagnóstico u obtener la primera cita con un especialista.
¿Realmente creemos que los abogados sean los expertos más idóneos para monitorear, evaluar y recomendar mejorías al sistema de atención y la calidad de los servicios de salud?
Rectoría. Lo anterior indica la necesidad urgente de establecer mecanismos apropiados para ejercer la rectoría en salud. Un informe reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que el país requiere mejorar la capacidad del Ministerio de Salud para monitorear el desempeño de los servicios y auditar el cumplimiento de los estándares relevantes.
En ese sentido, la OCDE recomienda tomar nota de las recientes reformas en el Reino Unido. En ese país en el 2012 se fortaleció el papel de la Comisión de Calidad de Atención (QCC, por sus siglas en inglés), un auditor independiente de los servicios médicos de carácter público-privado, equipado con recursos humanos especializados, que registra y acredita a todos los prestadores de servicios médicos, sean clínicas ambulatorias, centros de salud, hospicios, hogares de ancianos y hospitales, y asegura el cumplimiento de las normas de calidad consensuados con todos los usuarios.
El cumplimiento de esta misión lleva a cabo inspecciones periódicas, efectúa encuestas, atiende denuncias y tiene la potestad legal para hacer cumplir sus recomendaciones. Además, mantiene en forma transparente para el público el registro de todos los establecimientos y los resultados de las evaluaciones del desempeño. Por último, hace y disemina los resultados de investigaciones puntuales sobre la eficacia de los servicios e intervenciones.
Nueva institución. En un artículo anterior propuse la creación de una institución técnica para monitorear a los proveedores de servicios de salud, tanto públicos como privados, para mejorar su desempeño y la calidad de la atención.
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Para quienes alegan que el país no tiene recursos para establecer un cuerpo similar, el presupuesto de operación del QCC es equivalente al 0,2 % del gasto anual nacional en salud del Reino Unido, lo cual, en el contexto de Costa Rica, sería de ¢6.000 millones, la misma cifra correspondiente al 1 % de lo que gastamos al año en servicios privados de salud. Y, más importante, la totalidad de su presupuesto se obtiene mediante el cobro de los servicios de licenciamiento y acreditación que presta tanto para establecimientos públicos como privados.
¿No sería preferible contar con una institución técnica especializada, autofinanciada, capaz de contribuir en forma positiva al mejoramiento sostenible de nuestro sistema de salud, en vez de tener que recurrir a los jueces y tribunales para conseguir que los costarricenses tengamos servicios médicos con calidad y calidez?
El autor es salubrista.
