EscucharEl Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) construyó y ha impulsado desde el 2007 un Centro de Datos de Internet (CDI) en Guatuso de Cartago. Este es un ejemplo típico de la irresponsabilidad e ineficiencia con que algunos expresidentes de la República y algunos jerarcas institucionales han manejado los asuntos públicos.
Veamos. Los estudios de factibilidad fueron aprobados por autoridades del ICE casi un año después de que la construcción se inició. Los jerarcas y mandos medios de la institución aprobaron y luego ejecutaron la obra sin la planificación y la coordinación debidas, sin la información financiera que demostrara su rentabilidad, sin la definición de las tarifas y sin un plan de comercialización de los servicios.
¡Un proyecto de varias decenas de millones de dólares, cuya rentabilidad dependía de la venta de servicios, se sustentó, en parte, en estudios de mercado copiados y llevados a cabo varios años antes en Chile!
Fuera del ICE, los ministros corresponsables del buen manejo de los escasos recursos disponibles para inversión pública y de la situación de las finanzas del Estado (Planificación y Hacienda) no mostraron la más mínima preocupación por la conveniencia de la inversión o por evitar duplicidades. Tampoco se aseguraron de que el Centro de Datos tuviese como clientes, al menos, a los entes del Estado.
Los resultados del proyecto reproducen al pie de la letra la abominable manera de administrar los asuntos públicos. El proyecto se aprobó con un presupuesto de $26 millones, pero terminó costando $70 millones. Me refiero a los costos directos del proyecto in situ, a lo que debería agregarse los costos incurridos por el ICE en planificación, estudios de factibilidad, terrenos, análisis de suelos, diseños, servicios legales, proceso de compras y contrataciones, mercadeo, etc.
Es tal la charlatanería con que se tratan los recursos públicos, que el ICE no hizo cálculos sobre estos costos adicionales a la hora de valorar la viabilidad financiera del plan.
Dos años y medio después del inicio de las operaciones, el CDI ha resultado ser un gigantesco fracaso empresarial: únicamente se han podido comercializar 11 de los 90 gabinetes disponibles, lo cual significa que solo se utiliza un 12% de la capacidad instalada.
Ingresos y gastos. La pésima calidad de la planificación y de los estudios que se elaboraron y el desinterés de las autoridades por el buen uso de los recursos se comprende mejor cuando se comparan los ingresos programados con los efectivos.
El proyecto se justificó porque se suponía que el CDI iniciaría funciones en el 2010 y los ingresos por ventas de servicios serían $12,7, $23,7, $23,8, $24,3 y 24,3 millones en los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, respectivamente; en otras palabras, $107,9 millones en los cinco primeros años.
En la realidad, el CDI entró en funcionamiento en diciembre del 2012 y los ingresos acumulados a la fecha no llegan a $650.000. Mientras tanto, los costos de operación acumulados superan los $5,5 millones (no incluye servicios de apoyo del ICE imprescindibles para que el proyecto funcione).
Estas cuantiosas pérdidas de operación indican que no hay manera de recuperar la inversión de los $70 millones plus , y menos de que rinda alguna ganancia. Las pérdidas, más los montos invertidos directa e indirectamente en el proyecto, están siendo cargados a las tarifas que pagan por los servicios del ICE los consumidores residenciales y empresariales.
Valga aclarar que, sobre este tipo de proyectos, no puede argumentarse que las pérdidas generadas son compensadas por externalidades positivas, porque no existe ninguna de las condiciones para que la contabilidad del proyecto sea diferente de la contabilidad social.
Secretismo. Para poner la cereza en el pastel, una solicitud de información detallada sobre el CDI, el ICE la niega, y alega motivos de confidencialidad, pese a que son asuntos que deben ser públicos en toda democracia.
Esta actitud, idéntica a la asumida en relación con Racsa, revela desdén por la transparencia y la rendición de cuentas, lo cual despierta dudas en la ciudadanía y afecta la credibilidad de las instituciones públicas y sus jerarcas.
Solo como evidencia adicional sobre la desastrosa manera en que se administra la cosa pública: los principales bancos e instituciones estatales ya poseen, están construyendo o tienen programado desarrollar y certificar sus propios Centros de Datos.
El mismo ICE está considerando construir otro Centro de Datos, posiblemente en Liberia (de hecho, fue el enterarme de esta posible inversión lo que me llevó a estudiar el asunto).
Se trata de un área más en donde las duplicidades y el desperdicio de recursos se han apropiado de la administración pública.
La subutilización y el carácter ruinoso del CDI, así como la proliferación de centros de datos –más de los necesarios para garantizar la redundancia que debe prevalecer en este tipo de servicios– revela niveles de “chambonada” que rayan en corrupción, no solo de los jerarcas de las instituciones, sino, sobre todo, de las personas que han ejercido el cargo de presidente de la República.
Muestra de ineficiencia. Aparte de interesarse en viajar seguidos por una fila de carros del Gobierno con una numerosa delegación, a poner primeras piedras y cortar cintas de inauguración, al tiempo que ordenan comunicados de prensa llenos de autoelogios, a muchos de nuestros políticos les ha importado un bledo la eficiencia y productividad con que se utilizan los recursos de los costarricenses. Porque este desastre es solo otra manifestación de la ineficiencia, el despilfarro y los sobrecostos que en la mayoría de los casos caracterizan el uso de los recursos públicos.
Así nos lo recuerdan alquileres y consultorías multimillonarias injustificadas y lo acontecido en proyectos como la trocha, el relleno sanitario de Esparza, la planta hidroeléctrica Balsa Inferior, la autopista San José-San Ramón, la ruta 27, la carretera Sifón-La Abundancia, el préstamo Limón Ciudad-Puerto, la refinería con China, la “Platina”, etc., etc.
Ante la situación descrita, he enviado una carta al señor Presidente para, respetuosamente, sugerirle, primero, que pida información al ICE y a otras instituciones de sus inversiones en centros de datos y los resultados financieros, y la haga llegar a la Comisión para el Control del Ingreso y del Gasto Público de la Asamblea Legislativa. Segundo, que gire instrucciones para que, más allá de la necesidad de redundancia ( back up ), los jerarcas de las instituciones públicas no continúen la construcción de nuevos Centros de Datos, ni la contratación de esos servicios a empresas privadas. Y, tercero, que ordene una investigación en relación con el desarrollo del proyecto del CDI, con la intención de que se establezcan las responsabilidades y se impongan las sanciones correspondientes.
Ottón Solís es economista. Actualmente es diputado a la Asamblea por el PAC.
