EscucharEl sistema educativo costarricense ha experimentado en lo que va del año su mayor crisis desde los años ochenta, cuando se redujo de manera sustancial la inversión en educación.
La pandemia generó la suspensión de lecciones presenciales para 1,2 millones de estudiantes desde el 17 de marzo. Este hecho sin parangón en la historia reciente de la educación en Costa Rica agravó la situación de una generación que, en menos de dos años y medio, dejó de recibir clases debido a las huelgas del 2018 y 2019 contra la reforma fiscal y para presionar la salida del ministro del ramo.
La pérdida de lecciones presenciales no solo impedirá a esta cohorte culminar con normalidad su educación, sino que obligará al MEP y a las universidades a diseñar planes remediales en los próximos años para mitigar los impactos cognitivos negativos en esta población.
LEA MÁS: El potencial va más allá de las letras
Si bien en la última década se llevaron a cabo esfuerzos significativos de mejora en cobertura y oferta, la pandemia dejó en evidencia falencias, brechas y problemas no resueltos, que colocan el sistema educativo en una posición de alta vulnerabilidad para atender la nueva situación y dar continuidad a los aprendizajes de los estudiantes.
De la noche a la mañana, hubo un cambio drástico, en tiempo récord, para que los docentes pudieran ofrecer educación a distancia y dar continuidad al proceso educativo.
El esfuerzo, aunque valioso, dejó claro que asuntos claves como el acceso de los alumnos a una buena conexión en sus hogares o docentes con competencias digitales eran materias pendientes, pese a la gran asignación de recursos otorgados al sistema educativo en los últimos años.
LEA MÁS: La educación en tiempo de crisis
La pandemia también desveló que la suspensión de clases presenciales tiene un impacto desigual debido a las brechas sociales existentes entre los hogares y el acceso a los recursos digitales.
Según la encuesta nacional de hogares del 2019, el 80 % de los hogares del quintil de ingresos más alto tienen acceso a una buena conexión de Internet, pero solo el 37 % de los hogares pobres. En estos últimos, además, el 48 % accede a Internet por celular y un 10 % no lo hace por ningún medio.
Los datos más recientes del MEP revelan que cerca de 500.000 estudiantes no poseen las condiciones adecuadas para recibir educación a distancia.
Exclusión. Si esta población no es atendida pronto, una parte numerosa de ella podría desconectarse y quedar excluida del sistema, lo cual se traduciría en una nueva generación pérdida y mayor desigualdad en una sociedad ya de por sí muy desigual.
Los problemas que quedaron al desnudo no solo tienen que ver con el acceso a los servicios de educación; la pandemia también evidencia otras cuestiones fundamentales asociadas a la calidad de la oferta educativa y los aprendizajes esperados por los estudiantes.
En su esfuerzo por mantener el vínculo con sus alumnos, buena parte de los docentes reproducen una educación centrada en contenidos, no obstante que tenemos una oportunidad única para promover las habilidades propuestas en los programas de estudios aprobados en la última década.
LEA MÁS: Evitemos un desastre educativo a escala mundial
Este asunto requiere atención prioritaria en los próximos años, durante los cuales se instaurará un modelo mixto de educación presencial y virtual, donde las habilidades de pensamiento complejo —como razonar, indagar, resolver problemas y trabajar en equipo— serán más necesarias que nunca y demandará virajes sustanciales en los estilos de enseñanza y aprendizaje.
Lo inadecuado de la gestión vertical y burocratizada prevaleciente durante décadas en el MEP salió a flote, así como problemas de eficiencia y desfase entre las nuevas necesidades en un contexto altamente dinámico y cambiante.
Disrupción. En un período corto los actores educativos tienen la necesidad de originar nuevas formas de coordinación y relación con las familias, sus colegas y los directores de sus centros educativos para dar o recibir apoyo y hacer frente a la situación de la mejor manera posible.
La pandemia constituye una amenaza para el sistema educativo, pero también abre una oportunidad para mejorar la cobertura, calidad y gestión. La gran interrogante es si se harán ajustes sin tocar los problemas de fondo o si se aprovechará la coyuntura para solventar los problemas concretos.
El riesgo al acomodo es alto: los actores educativos han estado sometidos a una fuerte presión en los últimos meses y volver de nuevo a un ritmo más tranquilo y menos sobresaltos podría ser visto por muchos como una necesidad y, por otros, como una vuelta a lo mismo de siempre.
Aunque la oportunidad de cambio existe, no se dará de manera espontánea. Al contrario, requiere reflexión y acompañamiento a los principales actores educativos que se encuentran abrumados atendiendo una diversidad de situaciones.
El país precisa una discusión de “luces largas”, centrada en la búsqueda de soluciones a problemas concretos y urgentes en la educación. En esta ruta cinco áreas para buscar soluciones son medulares: brecha digital y recursos educativos; perfil docente y desarrollo profesional; currículo y evaluación de los aprendizajes; cobertura y retención de poblaciones vulnerables; e inversión y gestión por resultados. Cuando se reanuden las clases presenciales el sistema educativo no debiera ser el mismo.
Hoy sabemos que arrastramos problemas viejos y que han surgido otros nuevos que requieren respuestas innovadoras y pragmáticas que le permitan al país avanzar; preservar y aprovechar mejor la inversión en educación y sobre todo, estar a la altura de las nuevas demandas y necesidades de la generación actual y de las futuras.
Propiciar una reflexión entre los principales actores educativos que sea pausada, abierta, sin ropajes y basada en evidencias es hoy más necesaria que nunca.
La autora es coordinadora del “Informe estado de la educación”.
