EscucharLa Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y el cobro del impuesto sobre el valor agregado (IVA) entraron en vigor hace un año.
Hacienda anunció un aumento en la recaudación del IVA del 12,31 % a junio del 2020 en comparación con igual período del año anterior; sin embargo, el incremento fue de solo un 0,17 % del producto interno bruto (PIB).
El resultado es parte de la crisis que vivimos hoy. Ese 0,17 % responde a que el impuesto sobre las ventas gravaba únicamente las mercancías, ahora tributan los bienes y servicios por igual.
Antes de julio del 2019, no se pagaba impuesto cuando se compraban tiquetes aéreos, hoy las aerolíneas cobran un 4 % más; lo mismo ocurre en seguros, como pólizas de vida, y gastos médicos, anteriormente exentos y actualmente con un gravamen del 2 %.
La recaudación más numerosa está en los servicios, pues pasaron de cero impuesto a un 13 % porque el IVA grava el consumo, el cual ocurre diariamente.
Tributación Directa registró ingresos adicionales de un 18,77 % gracias al pago del impuesto sobre la renta por personas físicas, lo cual también tiene relación con el IVA.
Antes de julio del 2019, y a pesar de la obligatoriedad de deberes formales como lo es la emisión de una factura autorizada, no todos los ciudadanos cumplían debido a que había actividades exentas, por lo tanto, el comprador no veía la necesidad de exigir la factura, lo cual siempre fue un obstáculo para la trazabilidad. Solo una parte de la población declaraba como ingreso gravable para efectos del impuesto sobre la renta.
También se suma al crecimiento la entrada en vigor del capítulo XI, titulado “Ganancias, rentas y pérdidas de capital” y la carga impositiva del 13 % a los servicios profesionales. Además, para estos contribuyentes es obligatoria la emisión del comprobante, ya que se trata de un ingreso que forma parte de la base imponible del impuesto sobre la renta.
No podemos dejar de lado la obligatoriedad de la factura electrónica, clave para el control y la trazabilidad.
Los residentes en el país estamos obligados a exigir el comprobante de compra porque lo necesitamos para, además de respaldar el gasto, aprovechar el crédito fiscal del IVA.
Lo anterior ayuda a minimizar el riesgo de evasión, pues una vez emitido el comprobante se origina un registro contable.
Otro aspecto influyente en el incremento de la recaudación es el aseguramiento de la rastreabilidad desde el origen y las diferentes etapas del proceso de producción y distribución del bien de consumo, con el uso de medios electrónicos de pago, tales como tarjetas de crédito o débito, o transferencias electrónicas.
Al incluir un tercero —administrador de la tarjeta— en una transacción de compra y venta, se involucra una parte independiente que debe declarar la transacción, por ende, asegura el registro de todos los datos.
A un año de la legislación, los contribuyentes nos hemos adaptado a las nuevas exigencias y Hacienda tiene en sus manos más herramientas para fortalecer su gestión.
La autora es socia directora de Deloitte.
