Los bancos estatales enfrentan asimetrías legales cuyo resultado es la dificultad para cumplir los objetivos de eficiencia, inclusión financiera, participación en el mercado, bajos márgenes y rentabilidad.
Una de las distorsiones más relevantes son las cargas parafiscales, a saber, el 15 % para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), un 10 % para el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), un 5 % para la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape) y un 3 % para la Comisión Nacional de Emergencias (CNE). Para darles una idea del efecto de estas transferencias, en agosto del 2019, representaron el 24 % de la utilidad antes de impuestos de los bancos públicos.
Lo anterior explica, en parte, por qué la utilidad neta apenas ha aumentado este año, pese a que las utilidades antes de impuestos y participaciones se duplicaron, como es el caso del Banco Nacional (BN).
La banca privada, en cambio, solo debe aportar el 5 % de sus ganancias a Conape (un 4,5 % las cooperativas) y, el Banco Popular, un 5% al Fondo para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fodemipyme).
En los pasados nueve años el BN y el Banco de Costa Rica (BCR) trasladaron, en promedio, ¢20.088 millones a esas entidades del Estado.
Suponiendo que en los últimos 5 años para la banca estatal la carga parafiscal hubiera sido el equivalente al 5 %, como la de los bancos privados, se calcula que solo el BN habría colocado en crédito un monto adicional cercano a los ¢410.648 millones, el equivalente a un 10 % del saldo actual de la cartera. Esta es la real distorsión: la banca puede otorgar más financiamiento y reducir sus tasas; sin embargo, las cargas parafiscales lo impiden.
Sostenibilidad. Cabe entonces un llamado a la sostenibilidad de los aportes de la banca estatal a largo plazo, que se capitalizan, fundamentalmente, a partir de las utilidades, dadas las limitaciones del Estado para efectuar aportes y el alto costo que representa la contratación de una deuda subordinada para esos fines.
Otra figura que acentúa las asimetrías es la contratación administrativa. Los bancos estatales se rigen por la Ley de Contratación Administrativa, modelo teórico cuya finalidad es garantizar, de la manera más transparente posible, la adquisición de bienes y servicios por parte de las instituciones públicas.
En la práctica, sin embargo, la contratación pierde eficiencia y es poco flexible para responder a los requerimientos, estrategias y necesidades de las partes interesadas, especialmente en la era digital, cuando es indispensable una respuesta ágil y dinámica en procura de las soluciones más innovadoras y disruptivas.
Peaje bancario. Para la banca privada, la asimetría más relevante es el peaje bancario. Estos pueden captar depósitos a la vista, pero deben destinar el 17 % de esas captaciones a proyectos de banca para el desarrollo o, en su lugar, comprometerse a prestar ellos mismos los recursos disponiendo de, por lo menos, cuatro sucursales bancarias en zonas rurales.
El peaje bancario no se traduce en una ventaja para los bancos estatales porque estos últimos deben prestar el dinero a tasas impuestas por ley, que no responden al riesgo que representan en función de su consumo de capital. Contrario a ello, se genera una merma en la suficiencia patrimonial de los administradores de los recursos.
Lo anterior se muestra en los resultados: los estatales obtienen el mejor desempeño antes de impuestos y participaciones desde el 2016. Al cierre de setiembre, fue de ¢107.616 millones, un crecimiento anual del 123 %, mientras que los privados reportan ¢107.086 millones. Empero, el resultado final de los bancos estatales se ubicó en ¢51.315 millones, mientras que los privados se ubicaron en ¢74.063 millones, debido a las asimetrías parafiscales.
Los resultados no se deben a que la banca estatal mantiene las tasas más altas. Según el Informe de estadísticas monetarias del Banco Central de Costa Rica, al 6 de noviembre del 2019, en colones, los bancos estatales (BEST) ofrecen tasas más bajas que los privados (BPRI) con spreads más bajos.
Si bien la coyuntura del crecimiento ha sido particularmente compleja, la banca estatal muestra un porcentaje de mora, sin contar liquidaciones, mucho menor que la privada (6,15 % vs. 9,81 %) y logra un gasto acumulado por estimaciones bastante menor.
La actividad financiera necesita regulación y supervisión. Pero tales acciones deben generar suficiente valor agregado para compensar el efecto distorsionador, promover la innovación y disminuir los costos. Al final, no es un asunto entre bancos estatales y privados, sino sobre asegurar las condiciones que fortalezcan una competitividad que derive en condiciones más favorables para quienes necesitan financiamiento y contribuir al desarrollo de la economía.
El autor es subgerente general de crédito y riesgo del Banco Nacional.