EscucharSe dice que los impuestos son el precio que pagamos para vivir en sociedad y en Costa Rica tenemos más de 100.
Nuestra Constitución Política establece en los artículos 18 y 50 el deber de contribución de los ciudadanos para sufragar las cargas públicas, las cuales tienen como fin servicios oportunos, como obra pública, administración de justicia, educación pública y vigilancia.
Como vemos, el Estado no es un fin en sí mismo, es una necesidad colectiva con el objetivo específico de servir a los ciudadanos.
Es por lo cual los empleados públicos son legalmente definidos como «servidores públicos». Así lo señala el artículo 192 y son nombrados de acuerdo con su idoneidad y solo pueden ser removidos según la legislación laboral.
En ausencia de fondos como hoy, o en búsqueda de mejorar el servicio, la ley faculta la remoción de servidores. Lamentablemente, Costa Rica es más un Estado como un fin en sí mismo, donde los ciudadanos parecen estar constreñidos a mantenerlo a toda costa, sin importar la ineficiencia o el abuso que se da en cuanto a los salarios públicos.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su informe sobre Costa Rica, alertó sobre el alarmante gasto en salarios y las desigualdades. De acuerdo con ese organismo multilateral, los salarios del sector público casi duplican los del sector privado.
Es decir, somos un país pobre pagando salarios altos a los funcionarios sin recibir buenos y eficientes servicios a cambio.
La OCDE señala que la remuneración de los empleados públicos es demasiado compleja, poco clara y sumamente difícil de controlar. También supone la mayor contribución a la desigualdad de ingresos y perjudica la moral del personal y el desempeño del sector público.
Es innegable que deben pagarse salarios decentes y competitivos a los servidores públicos, puesto que un buen servicio prestado por el Estado requiere personal bien pagado. Pero el principio no puede traducirse en que los empleados del Gobierno terminen sirviéndose de los fondos de los contribuyentes, como sucede en instituciones donde pagan hasta 15 salarios al año y 3 pensiones, además de pluses sobre pluses sin vincularlos en lo más mínimo a la prestación eficiente del servicio.
Por otra parte, el Estado mantiene una serie de instituciones que no cumplen su razón de ser. Se mantienen con vida como un fin en sí mismo.
Una segunda área prioritaria para mejorar la eficiencia es la reforma del sector público. La Administración Pública está sumamente fragmentada en una gran cantidad de entidades descentralizadas y empresas.
No deberíamos pagar impuestos para sostener instituciones ineficientes; deben cerrarse. Si no hay fondos, como hoy, no es viable improvisar formas de extraer más dinero de los contribuyentes. Las autoridades deben acatar el artículo 192 de la Constitución Política y proceder a cerrar instituciones.
La motivación para cumplir con el pago de impuestos depende en gran medida del grado de reciprocidad que los ciudadanos perciben en la relación Estado-sociedad.
Los ciudadanos estaremos más dispuestos a tributar si consideramos que los recursos se utilizarán para financiar servicios públicos de calidad que mejoren nuestras vidas.
En Costa Rica estamos lejos de ello, por lo cual debemos primero resolver las ineficiencias del gasto público y los abusos, y dinamizar la economía. Luego, pensar en más impuestos.
El autor es abogado tributarista.
