EscucharLa crisis económica causada por la pandemia del SARS-CoV-2 amenaza con devolvernos a los niveles de pobreza que teníamos hace 30 años y podría dejar profundas secuelas en el tejido social, como lo hizo la gran recesión a inicios de los ochenta.
Cientos de miles de familias han visto sus ingresos diezmados o desaparecer debido a la reducción de jornadas laborales, la suspensión o pérdida de puestos de trabajo, o a la disminución abrupta de clientes.
La preocupación de las autoridades y la sociedad civil en estos primeros meses es cómo garantizar a los costarricenses un nivel de consumo que satisfaga sus necesidades básicas.
Para ello, el gobierno lanzó el bono proteger, ha entregado paquetes de alimentos a los estudiantes usuarios de los comedores escolares y el IMAS ha otorgado subsidios de emergencia a familias perjudicadas por el desempleo.
El sector privado, en una muestra extraordinaria de solidaridad, promovió también una enorme campaña para entregar cientos de miles de diarios a gente en necesidad.
Políticas empobrecedoras. Las acciones del gobierno, sin embargo, deberían estar dirigidas no solo a apoyar el ingreso de los afectados por la crisis, sino también a aliviarles el bolsillo en su calidad de consumidores. Lamentablemente, debido a una serie de políticas que limitan la competencia y encarecen la producción, Costa Rica es un país que se caracteriza en la región por su elevado costo de vida. En momentos en que miles de familias costarricenses sucumben a la pobreza, hoy más que nunca, esas políticas deben ser replanteadas.
Eliminar el proteccionismo agrícola: La reciente declaratoria de desabastecimiento de arroz puso de nuevo sobre el tapete la gran injusticia subyacente en el sistema de fijación de precio del grano y en el esquema oligopólico de producción e importación del producto.
El 40 % más pobre de la población consume la mitad del arroz del país y paga un sobreprecio significativo por el grano.
Una historia similar ocurre con otros productos agrícolas que continúan teniendo altos niveles de protección arancelaria, como el azúcar, la leche y el pollo.
Difícilmente haya un momento más propicio que esta crisis para disminuir el costo de la canasta básica acelerando el proceso de desgravación arancelaria contemplado en los acuerdos comerciales y eliminando barreras arancelarias absurdas que aún pesan sobre la importación de otros productos, como el aguacate.
Plataformas de transporte: Ya antes de la crisis, Uber y DiDi eran una opción más económica y segura de transporte para la gente. Además, les garantizaban un ingreso a cerca de 30.000 colaboradores en tiempos de alto desempleo.
El gobierno debe dejar de lado su hostilidad hacia estas tecnologías, las cuales serán fundamentales en el proceso de reactivación económica. Es necesaria la aprobación del proyecto de ley consensuado por los diputados de la Comisión de Económicos.
Timbres profesionales: Según la Contraloría, los costarricenses pagaron en los últimos 10 años ¢45.000 millones en timbres de colegios profesionales.
Eliminar el cobro, como propone un proyecto del diputado Luis Ramón Carranza, sería un paso decidido con miras a reducir el costo de vida y combatir privilegios.
Abolir el nuevo impuesto a la gasolina: Costa Rica cobra el impuesto a los combustibles más alto de la región. En lugar de permitir a los consumidores beneficiarse del colapso en el precio del petróleo, la Asamblea aprobó lo que en la práctica es un impuesto adicional sobre la gasolina, al congelar el precio que tenía el 27 de marzo.
Los diputados deben derogar este nuevo gravamen y financiar los subsidios que de ahí salen con recortes en el gasto público.
Reducción temporal del IVA: En momentos cuando los ingresos de cientos de miles de familias están siendo castigados por la crisis, corresponde una dosis de solidaridad estatal reduciendo temporalmente la tasa.
Facilitar Airbnb: Las puertas para el turismo internacional permanecerán cerradas por tiempo indefinido, por lo cual el gobierno espera que el turismo nacional llene en parte el vacío.
La plataforma Airbnb ofrece opciones de hospedaje no tradicional que se ajustan a los presupuestos de la clase media. Lamentablemente, hace poco se promulgó una ley que impone regulaciones onerosas al servicio brindado por miles de anfitriones en todo el país. El reglamento de esa ley debe optar por la regulación menos restrictiva posible.
Este conjunto de medidas sí se sentirían en los bolsillos de quienes llevan la peor parte de la crisis actual. Las autoridades pueden hacer mucho más por el consumidor.
La medida contribuiría a recuperar los niveles de consumo y tendría un efecto virtuoso sobre la economía.
Los autores son presidentes de las asociaciones Consumidores de Costa Rica y Consumidores Libres.
