Escuchar“La economía sigue siendo el eslabón débil” es la conclusión a la que llega Miguel Gutiérrez Saxe en el artículo publicado el 4/1/2020.
Llega ahí sin ninguna prueba, a pesar del avance mostrado en los indicadores económicos y sociales, posteriores a la crisis de 1980. Según él, el crecimiento resultó insuficiente, pese a la advertencia implícita en los 25 informes del Estado de la Nación sobre la necesidad de combinar las metas económicas y sociales para salir del atascadero, el cual se vincula con la redistribución del ingreso público en favor de los más pobres.
Los datos del INEC sobre la pobreza poco ayudan a comprender el flagelo. La mayoría de los latinos nacimos en hogares pobres, pero con educación y arduo trabajo logramos superarnos. Los pobres de los ochenta y noventa no son los mismos que ahora representan el 20 % de la población; corresponden a niños y jóvenes que no tienen ingresos y, por lo general, están a cargo de una jefa de hogar excluida de la seguridad social y del mercado laboral.
Quienes entraron en el mercado en los últimos 40 años dejaron de ser pobres y ahora son trabajadores formales o informales de clase media, pensionados, empresarios o nuevos ricos. La economía en crecimiento fue la causa de su ascenso, y representan el 80 % de la población. Entonces, ¿por qué sigue rezagado el 20 %?
Inversión. El crecimiento económico fue el resultado de varias décadas de ingreso de capitales y fuertes inversiones tanto en el sector productivo privado como en el de servicios públicos. Se generaron empleos, y de la tributación proveniente de salarios y ganancias crecieron los ingresos estatales.
A medida que aumentaba el PIB, lo hacía también la población laboral y el ingreso y el gasto públicos. El presupuesto nacional no llegaba al billón de colones en la administración Figueres Olsen. Actualmente, sobrepasa los ¢10 billones. La deuda pública se mantuvo durante varias administraciones sin sobrepasar los $10.000 millones; hoy es de $37.400 millones.
La causa del atascadero radica en que el dinero público no ha llegado a los más pobres. El Estado ha derrochado impuestos y empréstitos.
Gracias a las denuncias de la Asamblea Legislativa y la prensa, sabemos que el gasto paró en malos manejos administrativos, altos salarios para las jefaturas de Gobierno, pensiones de lujo y elevadas tasas de interés por bonos de Hacienda. Existe un serio “conflicto distributivo” de los ingresos públicos, como se titula el último párrafo del artículo de Gutiérrez, pero que no analiza en toda su magnitud ni propone soluciones.
Viraje. Costa Rica vivió el cenit de su progreso económico durante el inicio de la segunda administración Arias, a pesar de la fuerte oposición del PAC, que significó el cuestionamiento de los resultados electorales de febrero del 2006 y la batalla contra el TLC y la apertura del mercado de las telecomunicaciones.
El gobierno gozó de un pequeño superávit fiscal después de un déficit crónico desde 1980, y el desempleo llegó al nivel más bajo del último siglo.
Todo cambió a partir de la crisis del 2008. El déficit comenzó a ascender vertiginosamente, ya que los ingresos hacendarios disminuyeron producto de la baja en empleo, producción y exportaciones. El plan escudo solo logró reinsertar en el mercado laboral a unos pocos, en especial en el ICE y en la CCSS, entidades con grandes recursos y que no afectaron el gasto del Gobierno Central. Sin embargo, hubo un detonante en el crecimiento salarial del Gobierno Central, resultado de negociaciones sindicales a cambio de bajar la presión política dirigida a la administración Arias. Con los incrementos salariales, concluyó el mandato sin sobresaltos sociales.
La administración Chinchilla fortaleció la oposición al concluir el ciclo de expansión económica, gracias a las aperturas para atraer capitales privados y al desarrollo de servicios públicos sin cargo al presupuesto nacional, como la concesión del puerto de Limón y los mercados en telefonía móvil y seguros. Chinchilla dio marcha atrás a la expansión al decretar moratorias en la exploración gasífera y petrolera, en minería a cielo abierto y al desistir de la apertura del mercado de la energía eléctrica. Al frenar ese ímpetu, la situación fiscal empeoró y el gobierno debió recurrir a empréstitos para pagar los crecientes salarios y pensiones de lujo sin hacer grandes inversiones en infraestructura ni en desarrollo social.
El escándalo de la trocha fue la lápida de su gestión y dio al traste con varias décadas de gobiernos bipartidistas. Las administraciones del PAC han mantenido las moratorias decretadas por Chinchilla, incrementaron el gasto y la deuda estatales, y recurrieron a más préstamos, sin invertir más en desarrollo social ni estimular la llegada de capitales extranjeros. Vivimos la consecuencia del ciclo iniciado en el 2008, el atascadero al que se refiere don Miguel.
El autor es ingeniero.
