EscucharHabía pensado tomar en serio el conocido refrán “zapatero a tus zapatos”, y confiar en las opiniones, buen juicio y decisiones de los que sí saben lo que mejor le conviene al país, como los políticos, economistas, politólogos, sociólogos, periodistas, escritores, etc. Parecía la actitud sensata de un sencillo zapatero.
La crisis del coronavirus, que tiene al mundo patas arriba en la salud, lo social y lo económico, pasará, ojalá con el menor dolor posible para las personas.
En cuanto a la salud, todo parece indicar que vamos bien, el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social están haciendo un excelente trabajo.
Es en lo económico donde la situación se agravará. Antes de la covid-19, nuestra economía estaba mal; ahora estará peor.
Según la proyección de Hacienda, el déficit rondará el 8,6 % del PIB este año. No es serio hablar de reactivar la economía sin una reducción fuerte del gasto, como se verá más adelante. Es aquí donde el zapatero decide no ser fiel a su dicho.
Clase social. Hace unos 25 o 30 años, empezó a desarrollarse una nueva clase social —algunos ciudadanos las llaman castas— bajo el auspicio estatal y con el uso de la maquinaria sindical, lo cual le ha facilitado la creación de trabajos de por vida, con altos salarios, anualidades, privilegios, pensiones de lujo, etc.
Es comprensible que quienes disfrutan de este ventajoso estatus social quieran mantenerlo y, para lograrlo, aduzcan lo legal, las convenciones colectivas y los “derechos adquiridos”; sin embargo, es imposible esconder el indebido sesgo del patrocinio estatal.
Un país pobre, con una economía casi al borde del precipicio, no debe seguir sosteniendo la muy pesada carga de esa clase social.
Es como si los empleados estatales fueran del primer mundo, pero dentro de un país con una economía tercermundista no es posible mostrar un beneficio que justifique semejante costo; tampoco se puede hablar de justicia social soslayando la desigualdad ciudadana.
Una cosa es conocer las estadísticas de nuestra pobreza, el empleo informal y la cantidad de desempleados, es decir, los números, y otra es ver frente a frente y con tristeza los rostros humanos de estos sectores intentando sobrevivir, como se ha mostrado en la televisión y las redes sociales.
La covid-19 ha visibilizado con crudeza a esos seres humanos para que los diputados, el gobierno, los rectores, los magistrados y otros altos funcionarios vean más allá de su privilegiado entorno y, tal vez, las virtudes de integridad, solidaridad y abnegación sobresalgan para redirigir su actuar en la función pública.
Eficiencia. Nadie utiliza un vehículo con un motor mal ajustado o desgastado ni un equipo eléctrico o mecánico dañado.
Su eficiencia sería muy baja, lo cual significaría un alto consumo de energía, reparaciones y un desempeño lento y caro.
Esto lo entendemos con facilidad los zapateros, pues también se aplica el principio de eficiencia en nuestra labor cotidiana al adquirir buenos materiales al más bajo costo, utilizar un proceso de confección apropiado y económico y entregar un producto de buena calidad a un precio justo al cliente.
El Estado no debe estar exonerado del concepto de eficiencia bajo ninguna circunstancia, sea ideológica, partidista o de cualquier índole, tanto en la operación como en la cantidad de entes estatales que se requieran para brindar servicios a la ciudadanía.
Los servicios no deben ser solo al costo, sino al más bajo costo, lo cual implica por lo menos manejo de apropiados procesos, buen desempeño laboral, menos gasto en salario y la compra de los insumos estrictamente indispensables.
El plan de reactivación económica que se ponga en marcha debe contemplar el recorte de gastos y el cierre o venta de entes estatales ineficientes, obsoletos o innecesarios, como lo son Fanal, el CNP, Recope, dos bancos, el INS y Racsa, por citar algunos.
Asimismo, debe incluir la esperada ley de empleo público con el concepto de eficiencia, sin el mito de la estabilidad laboral (más bien un incentivo perverso) y sin beneficios que generen desigualdad entre los trabajadores del país.
Un aparato estatal pequeño, eficiente, acorde con los ingresos fiscales y que apoye las actividades productivas que generan empleo es el complemento vital para reactivar la economía y evitar no solo la caída al precipicio, sino también establecer una nueva ruta hacia el desarrollo.
Aunque suene paradójico, la covid-19 puede eliminar la canillera producto del “síndrome del sapo”, que impide a los políticos tomar valientes decisiones.
El autor es ingeniero.
