EscucharRespetuosa de la división de poderes, envié al Ministerio de Educación Pública el borrador de la declaratoria de emergencia nacional educativa, con el fin de canalizar recursos y esfuerzos de diferentes instituciones para que atiendan las deficiencias en los centros educativos y que todos los estudiantes vuelvan a las aulas.
La calidad de la educación es preocupante y el panorama para los jóvenes será poco alentador si no luchamos por su permanencia en el sistema educativo. Garantizarles el regreso a clases presenciales es el primer paso en esa dirección, y por eso debe ser una prioridad.
En vista de que el sistema educativo es deficiente y está plagado de desigualdades, urge redoblar el empeño para que las brechas ya existentes no se conviertan en abismos irreparables para esta generación.
La educación no debe pasar a un segundo plano. La inacción significaría indiferencia y complacencia ante la creciente desigualdad y las violaciones a los derechos de la niñez.
Debemos colocar la educación en el centro del debate nacional. La emergencia educativa debe atenderse con el carácter de urgencia que merece.
En el sistema educativo, particularmente, las brechas existentes se ensancharon por la suspensión del curso lectivo. A mediados del 2020, el Ministerio de Educación Pública (MEP) perdió el rastro de 90.000 estudiantes y 324.000 carecieron de acceso a la virtualidad. Para garantizar el derecho a la educación, es preciso ser vehementes en la priorización de la continuidad del proceso educativo y que nuestros estudiantes vuelvan a las aulas.
Presencialidad. El año pasado la enseñanza remota afectó de manera desproporcionada a los alumnos más vulnerables. Quienes no tuvieron acceso a Internet o dispositivos electrónicos fueron marginados del sistema, lo cual les cerró las puertas de la igualdad de oportunidades y movilidad social a cientos de niños y niñas y jóvenes, pero las afectaciones calan aún más profundo.
El sistema educativo cumple otras funciones, además de la pedagógica. En escuelas y colegios se detectan agresión y desnutrición de los educandos. Sin la presencia en las aulas, esta labor de monitoreo es imposible y, por tanto, el Estado está permitiendo que los estudiantes más vulnerables pierdan el apoyo de uno de los pocos entes que velan por su bienestar.
Estar fuera de los salones de clases también priva a los niños y a las niñas de la posibilidad de satisfacer su necesidad de recreación e interacción con sus pares y, en consecuencia, el desarrollo de las habilidades blandas en edades críticas.
Asimismo, la virtualidad perjudica el proceso pedagógico. Un estudio llevado a cabo por la firma McKinsey & Company, en Estados Unidos, determinó que los estudiantes que se mantuvieran en clases virtuales en el 2020 perderían el equivalente a tres o cuatro meses de aprendizaje. Quienes no tuvieran acceso estable a Internet o a un ambiente óptimo de estudio experimentarían consecuencias aún más desgarradoras.
Flexibilidad. El llamado a la presencialidad no ignora que todavía atravesamos una crisis sanitaria. El riesgo de contagio se mantendrá; sin embargo, la experiencia en otros países demuestra que las escuelas tienen capacidad de convertirse en uno de los lugares más seguros, si se respetan los protocolos sanitarios.
Aun así, el sistema educativo deberá ser flexible mientras los profesores, estudiantes y padres se acostumbran a la nueva realidad y las comunidades responden a la pandemia.
Costa Rica debe resistirse al todo o nada para el regreso a clases. La estrategia tendrá que ajustarse dependiendo de la cantidad de contagios en cada comunidad, pero hay que asegurar a la totalidad de los estudiantes la posibilidad del regreso en persona. Debe ser una prioridad nacional, y por ello es fundamental mayor denuedo.
Por la falta de acción, supervisión y determinación del MEP en el 2020, muchos centros educativos no estaban listos para recibir a sus estudiantes.
A una semana de que las lecciones comenzaran, 750 instituciones de primaria y secundaria tenían órdenes sanitarias, algunas por deficiencias en infraestructura que les dificulta recibir a los estudiantes en el futuro cercano.
Debemos impedir que se condene a los estudiantes menos favorecidos socialmente a quedar marginados del sistema un año más.
La autora es diputada.
