La cifra histórica de 551.373 desempleados nos obliga a reconocer de una vez por todas cuán tarde llegamos para atender el problema, existente desde muchísimo antes de la pandemia.
Basta con revisar los datos antes del inicio de la emergencia causada por la covid-19 para darse cuenta de que el panorama era de todo menos alentador.
Si bien la cifra de medio millón de desempleados resulta escandalosa, en febrero, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) ya daban una radiografía preocupante: 309.000 desocupados en el último cuatrimestre del 2019.
Aunado a lo anterior, teníamos un crecimiento económico proyectado inferior al 3 %, insuficiente para generar nuevas fuentes de empleo, y una deuda del 57% del producto interno bruto (PIB).
Tampoco ayuda contar con un presupuesto excesivamente comprometido —dedicado al pago del servicio de la deuda y salarios— y con poco margen de maniobra para responder a situaciones impredecibles, como la covid-19.
Frenos al ímpetu empresarial. El Estado también se ha vuelto enemigo del emprendedor y del sector productivo en general, pues el estar repleto de burocracia dificulta la instalación de pequeñas y medianas empresas, cobra elevadas cargas sociales y altos costos de producción (electricidad, agua y combustibles).
¿Qué camino debemos recorrer? El primer paso es claridad en que si no se controla de manera responsable la curva de contagio de la enfermedad del coronavirus será imposible reactivar la economía, lo cual impide la creación de empleo.
Es trascendental el levantamiento gradual de las restricciones sanitarias a partir de trabajo inteligente y establecimiento de cuotas de responsabilidad.
Lo anterior no significa que lo sanitario será excusa para dejar de atender otras áreas, porque podría llevarnos a una Costa Rica sumida en la pobreza.
La generación de empleo debe ser un eje de la política de desarrollo, con una clara meta hacia la eliminación de los “expulsores” o “distanciadores” del empleo formal y del emprendimiento, lo cual depende de una reforma integral del Estado, y una de las acciones deberá ser privilegiar la transición del empleo informal al formal.
Propuestas. En la caja de herramientas del gobierno, para arreglar estos “desperfectos” estructurales, debe considerarse, solo por mencionar algunas acciones, las siguientes:
1. La apertura de la banca pública y privada a los microcréditos. La experiencia en otros países es exitosa porque todos ganan con la generación de empleo y la disminución de la pobreza.
Si bien el país carece de estructura, regulación y supervisión para ofrecer microcréditos, esa no es excusa válida para abstenerse de hacerlo.
2. El impulso de una moratoria completa, sin cobro de deuda y sin incremento de intereses o comisiones, por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) durante los años que técnicamente se definan con el propósito de que personas y patronos morosos puedan formalizarse.
3. Exoneración durante dos o tres años del impuesto sobre la renta a las nuevas pequeñas y medianas empresas inscritas ante el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC); diversificación de la estructura productiva del país, poniendo atención a la actividad agropecuaria; y regular las plataformas digitales.
4. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y las operadoras privadas están en capacidad de brindar a las pymes plataformas que posibiliten la interacción entre la oferta y la demanda de bienes y servicios, a bajos costos o subsidiadas, durante uno o dos años mientras logran consolidarse los negocios.
Reforma del Estado. Es tiempo también de pensar en soluciones a mediano y largo plazo en materia de empleo y reactivación económica. Para eso, es necesaria una revisión completa del Estado.
Es imposible pensar que la ineficiencia y rigidez estatales no afectan a los emprendedores; a las micro, pequeñas y medianas empresas; la atracción de inversiones; y la generación de nuevos modelos de negocios, más acordes con los tiempos. Perjudica la productividad del país como un todo.
El desempleo es enemigo del modelo de Estado, lo afecta profundamente, pues debe hacer más con menos.
Si bien los cambios requeridos son complejos, tienen un significativo costo político y, probablemente, sean necesarios nuevos créditos.
Como diputada y ciudadana prefiero asumir estas deudas, porque consolidan y fortalecen una nueva y moderna apuesta, que seguir en el “nadadito de perro” que nos ha caracterizado.
La autora es diputada.