Muy esperanzador es el resultado de la encuesta del Idespo-UNA sobre las corridas de toros a la tica y las peleas de gallos ( La Nación, 19/12/16, p. 18A), pues revela que esas malsanas actividades, presuntamente consideradas como inocuas costumbres en nuestro país, están siendo desterradas como vetustas y primitivas, dado que son contrarias al actual concepto humanista del bienestar animal que se nutre de respetables fuentes “ecosóficas”, contrarias a la noción “especista” –que cataloga a la especie humana como superior a las demás– y de alto contenido ético, como lo apunta el papa Francisco en su encíclica Laudato si (2015): “Es contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales y sacrificar sin necesidad sus vidas”.
Por su parte, el profesor Peter Singer (1975), en su libro Liberación animal, que es uno de los textos de inspiración de los grupos “animalistas”, ahonda en temas filosóficos y ecológicos de alto valor axiológico en defensa de los animales.
En 1977, la Liga Internacional de los Derechos del Animal adoptó la Declaración Universal de los Derechos de los Animales aprobada por la ONU y por la Unesco.
En el 2004, la Organización Mundial de Sanidad Animal adoptó las llamadas “cinco libertades”, que han dominado la discusión sobre el bienestar animal en Europa en pos de un estatuto jurídico propio.
En nuestro medio se han dictado varias leyes, entre las que destacan la de vida silvestre, promovida por iniciativa popular, y la Ley de Bienestar de los Animales, del 16 de noviembre de 1994, en proceso legislativo de reforma para dotarla de musculatura.
Además, desde 1994, la Constitución incorporó dentro de sus bienes jurídicos amparados los derechos que admiten y garantizan la defensa del medioambiente, de la flora y de la fauna.
Serias consecuencias. El apoyo a las corridas de toros, del aproximadamente el 50% de la encuesta en comentario, sorprende positivamente, pues en su promoción y difusión –con chapuzas y chocarreras “monchadas”– se gastan multimillonarias sumas, sin parar mientes en su costo conexo de índole físico y moral.
En efecto, a los ticos nos dicen que una “buena corrida” es aquella que deja varios heridos, desdeñando que muchas veces estos –si no mueren– quedan lisiados de por vida con penurias para la atención de sus obligaciones familiares y con un alto costo social médico-hospitalario.
Es decir, que en este terreno, más allá del bienestar animal, debe tomarse en cuenta el respeto a la dignidad humana, tanto de las víctimas como la psicológica de los espectadores y familiares, por encima de ese abominable y colosal negocio.
No obstante, estos actos todavía tienen patente de legalidad gracias a la jurisprudencia constitucional que, pudiendo declararlos al margen de la Carta Magna por la vía de la conexidad con otros fallos o pronunciamientos sobre la materia, no lo ha hecho.
Práctica clandestina. Por su parte, las peleas de gallos sí están prohibidas por ley desde hace un siglo, pero se practican clandestinamente con un escuálido porcentaje, según el precitado estudio del Idespo, del 10,4% de apoyo.
No obstante, tienen fervorosos defensores en dos actuales diputados –repitientes como candidatos a la presidencia de la República–. No sabemos si estos políticos, pese a la encuesta de marras, mantienen sus “irrenunciables principios”.
El Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno, a quien José Figueres Ferrer ponderó como la persona que “encarna el ideal platónico del rey filósofo” (vea la dedicatoria de su libro Palabras gastadas, 1943) dictó un histórico veto presidencial contra la legalización de las peleas de gallos que forma parte del alma nacional y que merece ser escrito en letras de oro, entre cuyas consideraciones citamos las siguientes: “A mis ojos esa ley, si llega a darse, significará que nuestras costumbres, bien necesitadas todavía de perfeccionamiento, sufren una nueva lamentable caída”. “Es mala esa ley (…) porque ver correr dados es menos innoble que ver correr la sangre de animales, sacrificados para solaz o en aras de la codicia de los jugadores”. “Pueblo que se divierte así, pueblo que goza torturando seres, es pueblo que está aún por civilizar”. “La petición que representa la extrema crueldad en el trato de los animales provoca una corriente más grande aún de sorpresa y desaprobación general”.
En esta materia, afortunadamente, parece que el pueblo se nutre del sabio criterio de don Ricardo, toda vez que la amenaza del retorno al cruento pasado sigue latente.
El autor es profesor emérito de la UCR.
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