El siguiente reto: una política fiscal ‘verde’

Esta mejora aumentaría la inversión en educación y salud pública, mejoría la seguridad ciudadana, reduciría la informalidad, el déficit en infraestructura y aumentaría el dinamismo del sector privado, pero también puede generar grandes beneficios ambientales en aras de un país más inclusivo y desarrollado para el bicentenario de la República.

Reforma fiscal. En el centro de este proceso, como lo ha propuesto el presidente, Carlos Alvarado, está la reforma fiscal. Aquí es donde una propuesta de impuestos “verdes” a la contaminación y degradación ambiental juega un papel importante, no solo desde el punto de vista fiscal, sino, sobre todo, por el incentivo que crearía al mejorar el desempeño ambiental de los actores económicos.

No solo se crearía un incentivo positivo en la gestión ambiental, sino que se disminuiría la necesidad del Estado de judicializar cientos de daños ambientales con muy bajos niveles de eficiencia legal y administrativa (el 80 % de causas penales y administrativas ambientales no terminan en una acción correctiva).

Pagos ambientales. A través de las décadas, Costa Rica ha probado con éxito acciones y políticas financieras innovadoras para proteger y usar sosteniblemente su capital natural (recursos naturales). El pago por servicios ambientales, cánones ambientales, valoración del capital natural y cuentas nacionales verdes son algunos ejemplos. Por lo tanto, el siguiente gran reto es el desarrollo de un marco fiscal verde que ayude al país a la transición a un nuevo paradigma económico donde converjan los intereses del crecimiento económico, desarrollo social y medio ambiente en una economía circular e inclusiva.

Este nuevo marco fiscal verde parte del principio de gravar los males (externalidades negativas) del sistema de consumo y producción y no solamente los bienes, como el capital, la propiedad, el trabajo y otras actividades humanas positivas.

Identificar oportunidades para bajar la tasa impositiva a las actividades sociales positivas y trasladarlas a aquellas actividades sociales indeseables puede generar mayor crecimiento económico y empleo al bajar los gravámenes en los bienes y dinamizar la económica, a la vez que bajamos la contaminación y degradación ambiental que generan un alto costo económico (4 % del PIB en el 2008, según el Banco Mundial).

Un reciente reporte de la Unión Europea (New Era, New Plan, 2017) indica que un marco que balancea las políticas fiscales tradicionales con impuestos verdes no solo puede generar un balance fiscal positivo sino que tendría un impacto positivo en el capital financiero, social y natural de los países. Ya lo países europeos tienen 20 años de experiencias en este campo dentro de una propuesta de cambio fiscal que se inscribe en las líneas generales que inspiran las reformas fiscales modernas.

Proceso complejo. En realidad, la propuesta de un sistema mixto de imposición directa con variables de imposición ambiental en un marco de neutralidad recaudatoria puede verse como una variante o fase ulterior de las reformas fiscales contemporáneas que promueven un balance, no solo en lo fiscal, sino en un desarrollo económico que no sea a costa del capital natural. Un buen repaso de los fundamentos de las experiencia europea y comparada permite prever éxitos sostenidos en los objetivos fiscales como ambientales para Costa Rica.

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No obstante, como todo proceso global de cambio fiscal, la reforma fiscal verde que buscaríamos alcanzar implica una complejidad de elementos que debemos considerar y abordar, puesto que afecta a la situación preexistente e incide sobre la mayor parte de los agentes económicos de una manera directa y con relativa intensidad.

Estos riesgos requieren un buen conjunto de medidas precautorias y compensatorias, entre ellas la aplicación gradual de la reforma en el tiempo, con extensión progresiva de bases y crecimiento sucesivo de la carga impositiva.

El autor es ministro de Ambiente y Energía.