La interpretación de La Nación consignada en el reportaje publicado el lunes 18 de junio, titulado “Empleados judiciales reciben en promedio ¢1 millón en pluses” y complementan con el primer párrafo: “Mes a mes cada uno de los 12.400 empleados del Poder Judicial recibe, en promedio, casi ¢1 millón solo en incentivos, además del salario base”, es errónea.
Equivale a aceptar que absolutamente todos los funcionarios, profesionales o no, reciben ese monto en pluses, lo cual es imposible desde el punto de vista económico y no es la realidad institucional de acuerdo con los estratos de puestos existentes, información disponible en la página en Internet de la institución.
Los componentes salariales pagados por el Poder Judicial tienen como base la ley, reglamentos y estudios técnicos; responden a las particularidades de cada clase de puesto, la complejidad y variedad del personal que se necesita para el ejercicio de la función judicial, que no solo se limita a quienes administran justicia, sino que integra a policías, forenses, fiscales, defensores públicos y administrativos.
En los últimos años se le han atribuido al Poder Judicial más responsabilidades con la aprobación de leyes y reformas que han incrementado la planilla, por ello no se puede comparar con el resto de las instituciones públicas. Al haber más personas trabajando, hay un impacto directo en el incremento en las remuneraciones. Esto es crucial, dado que, por la naturaleza compleja y sensible del servicio de administración de justicia, el personal debe ser muy diverso y calificado.
El desarrollo profesional que alcanzan las personas que laboran en el Poder Judicial es un proceso que requiere inversión en tiempo y dinero. Los componentes salariales procuran que la persona capacitada permanezca en la institución, partiendo de que el grado de especialización, manejo de la información e impacto en las decisiones que se toman son sumamente sensibles para los diferentes expedientes judiciales, por ello es por lo que las particularidades en las investigaciones criminales y sus posteriores juzgamientos no pueden obviarse en el impacto que generan para la población costarricense.
A diferencia de la mayoría de las instituciones estatales, el personal judicial debe por ley garantizar un servicio continuo de 24 horas, los 7 días de la semana, con cobertura en todo el territorio nacional, para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico, los homicidios, la violencia doméstica y los delitos contra la propiedad, entre otros más. Ello implica tener a lo largo de todo el país un total de 850 oficinas judiciales.
La comparación de un Poder de la República con el Ministerio de Justicia muestra el desconocimiento de las funciones y obligaciones que se realizan en ambas instituciones, ya que ni por asomo son confrontables, no solo porque tiene menos cantidad de trabajadores, sino por la cantidad de obligaciones que por ley se le ha impuesto al Poder Judicial.
La situación fiscal del país es difícil y el Poder Judicial así lo ha interiorizado, por eso el presupuesto para el 2019 presentado al Ministerio de Hacienda no creció; es exactamente el mismo del presente año, ya que después de una nueva priorización y redistribución de los recursos se está asumiendo con ese mismo monto las nuevas obligaciones impuestas por el legislador. Los salarios se ajustarán al costo de vida en el mismo monto definido para todo el sector público, tal y como viene realizando desde hace muchos años, asumiendo la institución el aumento de los precios, sin menoscabo de los servicios judiciales que se brindan.
Roxana Arrieta Meléndez, directora de Gestión Humana