Eric Scharf. 10 enero

Pocos retos son tan necesarios afrontar en el mundo como garantizar el derecho a la educación a niños y jóvenes porque posibilita el ejercicio de los demás derechos humanos.

Nuestro país lo ha entendido con claridad y, por ello, en nuestro ADN social hemos privilegiado el desarrollo de la población a través de la educación, en busca de mantener a niños y jóvenes en las aulas para que sean ciudadanos empoderados y adquieran capacidades críticas para aportar al país y gozar de una mejor calidad de vida.

Los tres meses de suspensión de lecciones en el 2018 deben dolernos y preocuparnos, pues han tenido efectos a corto plazo y podrían tenerlo, también, más adelante.

Es indudable que la lucha contra el abandono de las aulas o la interrupción temprana del ciclo educativo de un estudiante antes de terminar la secundaria debe convertirse en una prioridad para todos

En lo inmediato, los perjuicios fueron materia no impartida a los alumnos, medidas de emergencia en los exámenes de bachillerato, terapias físicas, de lenguaje y apoyo emocional dejadas de impartir, ajustes en los promedios de notas, comedores escolares sin funcionar y costos adicionales para el cuidado de los hijos mientras los padres trabajaban, por citar algunos.

La factura podría ser más onerosa e injusta. El riesgo de un aumento en la deserción escolar por lo sucedido es latente y afectaría negativamente los esfuerzos efectuados por estrategias integrales tales como Yo Me Apunto, programa nacional que ha entendido que la intervención debe ser de carácter multisectorial y permanente.

Ausencia alarmante. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) indicó, en el 2017, que 123 millones de niños, entre los 5 y los 15 años estaban fuera de la matrícula escolar en el mundo, lo cual equivale a un 11,5 % de los menores en este grupo etario.

Las cifras totales actualizadas al 2018 son alarmantes. Cerca de 300 millones de niños y jóvenes no están en el sistema educativo, es decir, uno de cada tres está fuera de las aulas y de la construcción de mejores oportunidades de vida. Según lo señalado anteriormente, la población más vulnerable sigue siendo la de 5 a 17 años.

En Costa Rica, y dependiendo del nivel, método de medición y la fuente, el abandono escolar anual se calcula en, aproximadamente, un 5 %. En la educación pública la deserción es dramáticamente mayor que en la privada. Además, el abandono escolar es más alto en hombres que en mujeres y mayor en la educación nocturna.

La deserción más grave está en la secundaria, principalmente, en sétimo año. Es decir, justo al iniciar una nueva etapa de la educación, que permitirá superar los conocimientos básicos aportados por la primaria.

La gravedad del problema es aún más clara si analizamos que la educación primaria en Costa Rica es universal y casi el 100 % de los niños completa sexto grado. Sin embargo, menos del 50 % de los estudiantes concluye la secundaria. Perdemos en el camino la mitad de nuestros estudiantes, cifra que, de acuerdo con un estudio de la División de Desarrollo Social de la Cepal, coloca al país entre los niveles más bajos en Latinoamérica en este indicador.

Los motivos. ¿Por qué se alejan del estudio los jóvenes si les provee una mejor calidad de vida a ellos y a sus familias? La pregunta tiene múltiples respuestas y desafíos grandes por superar.

Según un estudio publicado en Diálogos: Revista Electrónica de Historia —entre otras fuentes—, casi un 40 % de los estudiantes abandonan el sistema educativo por necesidad, para aportar económicamente al hogar. Usualmente se trata de familias numerosas, cuyos padres poseen baja escolaridad y, por lo tanto, reciben salarios bajos o están desempleados y requieren el soporte de otros miembros de la familia, incluidos los jóvenes estudiantes. En otras palabras: la población más vulnerable es la más pobre.

La gran sinrazón es que el abandono escolar para insertarse tempranamente en el mercado laboral y aportar al hogar, les genera en el futuro desempleo, inestabilidad por trabajos temporales o remuneraciones más bajas por su falta de preparación educativa.

Por medio de la educación los jóvenes adquieren el conocimiento y las herramientas para incursionar mejor en el mundo laboral —cada vez más demandante—, optar por una mejor calidad de vida y contribuir al desarrollo nacional.

La deserción escolar genera que la brecha socioeconómica y la desigualdad se incrementen e impide la movilidad hacia niveles superiores.

Es indudable que la lucha contra el abandono de las aulas o la interrupción temprana del ciclo educativo de un estudiante antes de terminar la secundaria debe convertirse en una prioridad para todos.

Estamos a un mes del ingreso al curso lectivo 2019 y pronto será el ausentismo en las aulas el que nos brinde las primeras pistas sobre el daño causado por la interrupción de las clases en el 2018.

Dependerá de nuestra rápida reacción como país, que enmendaremos, de la mejor manera, los perjuicios causadas a nuestros estudiantes. Padres de familia, profesores responsables y autoridades de Gobierno tendrán el primer frente de acción. Requerirán el involucramiento de todos, como actores sociales, para salvar a nuestros jóvenes de la deserción escolar y su exclusión del desarrollo.

El autor es directivo de la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo (Cinde).