No hay manera de relativizar la gravedad de los hechos que comenzaron el 11 de mayo en La Reforma con el intento de fuga de Johel Araya, o el efecto erosivo de sus consecuencias en el funcionamiento de dichas instalaciones. Unos hechos que tampoco podemos explicar como incidentes aislados, porque no ocurren en el vacío, sino en el contexto de una crisis que el ministro Hernando París hizo pública tras asumir el cargo en agosto del 2009.
Lo expuso ante el Consejo de Gobierno y ante la Corte Plena, y tomó las medidas necesarias para hacer frente a la que en aquel momento era la dimensión más notoria de la crisis, la subejecución presupuestaria y su efecto sobre las inversiones en infraestructura.
Después de los esfuerzos por transformar el aparato administrativo del Ministerio de Justicia y Paz, la ejecución del presupuesto pasó de menos de un 30% a más de un 90%, lo cual se expresó en la construcción de nuevas instalaciones que aumentaron la capacidad en 1.014 nuevos espacios, para los cuales se previeron además servicios indispensables como el tratamiento de aguas servidas.
Crisis compleja. Apoyándonos en el antecedente dicho, es necesario actuar con serenidad, al menos con la que permita la tempestad en la que navegamos. Así, es necesario entender que la sobrepoblación es el acelerador de la crisis, pero no su origen; y que esta se expresa en varios frentes y no solo en el de la infraestructura y el crecimiento de la población.
Su aumento se disparó en el año 2009 como consecuencia principalmente de la entrada en vigencia de los tribunales de flagrancia, lo cual multiplicó las deficiencias derivadas de instalaciones inadecuadas, escasez de personal en relación con las obligaciones impuestas por la normativa vigente, un equipamiento obsoleto y unas condiciones de trabajo que desafían el compromiso que la mayoría de los funcionarios tienen con la institución; y peor aún, se combinó con los efectos políticos de la tradicional falta de comprensión y definición de la sociedad costarricense sobre lo que es y espera de la cárcel y su relación con la criminalidad y la seguridad.
¿Que se está haciendo? Ya mencioné acciones verificables en el campo administrativo y de infraestructura; pero hay más, y sobre todo lo hay en relación con algo fundamental como es la necesidad de presentar algo que estimule un debate útil sobre la ausencia de una política pública en este campo. Me refiero al hecho de que el ministro París contactó al Banco Interamericano de Desarrollo, al que expuso la situación del sistema, y, sin recurrir a consultorías, sino a funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz, desarrolló una profunda evaluación de todos los aspectos relacionados con el objetivo básico de la reinserción social, al que Costa Rica no debe renunciar.
Financiamiento. El resultado es la propuesta de una política pública que a la vez identifica la fuente de financiamiento para las actividades y obras recomendadas. Se trata del proyecto de ley n.° 18157 que se discute en la Asamblea Legislativa, y que, una vez aprobado, aportará más de $80 millones que se administrarán de acuerdo con un plan de inversiones ya definido.
El trabajo en materia de infraestructura y planificación, como debería identificarse lo anterior, se da al mismo tiempo que se llamó a varios funcionarios de alto nivel y trayectoria reconocida, como sucede con el señor Eugenio Polanco, con el fin de implementar una transformación similar en áreas fundamentales, pero también rezagadas, como la criminológica y la atención técnica, y el funcionamiento de los programas en que se divide la actividad penitenciaria.
Paralelamente, el ministro París ordenó la revisión del subsistema de seguridad penitenciaria, retomando la transformación de la Policía que puso en marcha la presidenta de la República, cuando ejerció el cargo de ministra de Justicia, al que renunció después de dejar aprobado y depositado en las cuentas del Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes, casi dos mil millones de colones para financiar infraestructura carcelaria.
Las deficiencias acumuladas, sin embargo, son tantas y la sobrepoblación, tan alta que la puesta en marcha de soluciones efectivas y capaces de perdurar en el tiempo debe hacerse en un contexto marcado por emergencias de distinta naturaleza como la que se dio en La Reforma o la que motivó el traslado de una parte de la población femenina de El Buen Pastor a una de esas nuevas instalaciones que, como señalé antes, aumentaron la capacidad en 1.014 espacios.