Tenemos un sistema de transporte que da la impresión de no prestar oídos a los clamores de la población, la cual pide, de manera urgente, una intervención profunda para disfrutar al menos de un nivel de movilidad aceptable, principalmente, en la capital, donde la congestión genera pérdidas millonarias, tal como lo presenta el reciente Informe del Estado de La Nación.
Muchas ciudades alrededor del mundo han optado por hacer un uso eficiente del derecho de vía al dar prioridad al transporte público, principalmente, al autobús. Esto no solamente implicaría optimizar el limitado derecho de vía con que contamos, sino que también generaría un sistema de movilidad más equitativo, principalmente, para más de la mitad de la población del país que utiliza el transporte público.
La priorización del transporte público no solo está en la asignación de carriles exclusivos por aquí y por allá; reside en una política pública enérgica en la asignación de recursos, en el fortalecimiento de la capacidad técnica de la institucionalidad y, en definitiva, de un concepto totalmente diferente en la gestión del sistema, el cual se encuentra gravemente enfermo.
Ordenamiento de corredores. Es necesario ordenar el uso de los corredores de transporte público. En Guadalupe o San Pedro más de 40 rutas diferentes comparten, de manera poco práctica e ineficiente, uno solo.
El Informe del Estado de la Nación también indica que los cambios tan necesarios no se han llevado a cabo en los últimos 20 años por falta de voluntad política. Por otro lado, el Plan Nacional de Transportes indica que la iniciativa en el sector es guiada por los empresarios autobuseros, dada la limitada capacidad técnica y de gestión del sistema por parte del aparato institucional, sin que a la fecha se haya aprobado reformas que permitan atender estas observaciones.
Movilizarse es un derecho ciudadano y una necesidad fundamental del ser humano. Cuando el sistema democrático no logra satisfacer las necesidades básicas de la población, genera una apatía, o más grave aún, cuando la población observa una desidia de más de dos décadas por parte de la administración, en un atraso inexcusable, puede verse atraído y empujado a apoyar otras formas de gobernanza, como sucede en varios países de la región, al considerar que el sistema democrático está desgastado.
El autor es ingeniero en la Unidad de Seguridad Vial y Transportes de Lanamme UCR.