EscucharAnte la discusión pública sobre lo que debe ser una política efectiva en materia de nutrición, hay una serie de elementos que la industria alimentaria desea aclarar pues, a nuestro juicio, existe una equivocación por parte del Gobierno, no en el espíritu, sino en la forma, sobre cómo lograr disminuir la incidencia de obesidad en la población costarricense.
La industria comparte el principio de que, en edad escolar, el Estado debe ejecutar políticas orientadas a fomentar hábitos de vida sana, que incluyan una alimentación balanceada. La discusión de fondo no es si el problema existe o no, o si debemos apoyar la política, que en su generalidad cuenta con el soporte de la industria nacional. El tema es si un decreto prohibitivo de comercialización es una herramienta adecuada para lograr este objetivo.
Este decreto, que señala detalladamente lo que es bueno o es malo sin ninguna justificación que lo valide, hace que el Gobierno condene como inapropiados, por ejemplo, aquellos productos que contengan más de un 5% de azúcar, quedando así señalados productos como los jugos de frutas tropicales, donde ha sido la misma naturaleza la que les ha dotado con un componente entre 10% y 17% de su propio edulcorante natural.
Y así podemos citar una lista innumerable de casos de productos que han sido sentenciados mediante la figura de un decreto ejecutivo, que será firmado por la presidenta de la República. ¿Cómo le explicará doña Laura a miles de micro- y pequeños empresarios que fabrican mermeladas, empanaditas rellenas, queso, yogur o leches descremadas saborizadas, entre otros, muchos de ellos en líneas ya muy reducidas en los nutrientes cuestionados (sodio, azúcar y grasa), que el Gobierno de la República les ha decretado como impropios de considerarse como parte de una “sana alimentación”?
Hace un par de semanas, mediante el apoyo de estudiantes de Tecnología de Alimentos, visitamos un grupo de escuelas de la localidad de Liberia, que ya han adoptado la medida de dejar de comercializar cualquier tipo de alimentos empacados. Para nuestra sorpresa, nos encontramos una oferta compuesta por empanadas y papas sin apropiado manejo de grasas, hamburguesas, bolas de cereal con leche condensada, refrescos azucarados en la soda, empacados en bolsas, sin refrigeración ni control de contenido de azúcar, cuestionables fuentes de agua potable y dudosos hábitos de higiene en la preparación de los alimentos.
Carencia cultural. Esto nos enfrenta a una clarísima realidad: el origen del problema no es si los alimentos son altos o bajos en ciertos nutrientes; lo que tenemos es una excesiva carencia educacional y cultural así como la pérdida de los mejores valores familiares en materia de dieta balanceada y acorde con las necesidades alimentarias y energéticas de cada individuo. Esto indudablemente ha puesto a la sociedad costarricense ante un problema de sobrepeso, pero también de desnutrición en otro segmento de la población.
Las acciones para rescatar los valores de alimentación balanceada deben ser ejecutadas mediante una alianza público-privada, con programas y objetivos medibles, que partan de un análisis integral de la ingesta diaria y los hábitos de vida de la población vulnerable y de sus familias. Es una grave equivocación señalar mediante un decreto lo que es bueno o malo sin ninguna validación técnica, pues ningún alimento es malo; lo que definitivamente está mal son los hábitos y la pérdida de educación que ha sufrido la población en materia de nutrición balanceada, y esa es una responsabilidad que se está evadiendo solapadamente por parte del Ejecutivo en medio de este erróneo señalamiento a la industria.
De ahí nuestro llamado a doña Laura para que, en conjunto, impulsemos la política nacional de nutrición con instrumentos más apropiados. Sabemos que la industria y los funcionarios de las instituciones tienen toda la capacidad de encontrar programas más efectivos, medibles y verificables, con resultados visibles en el corto plazo y que se pueda analizar su efecto sobre la población vulnerable. No obstante, no se puede aislar al sector privado, que en materia alimentaria está en la mejor disposición de ser su principal aliado y no su más proactivo opositor.
Los costarricenses somos amantes del diálogo, no de la imposición.
