El camino del infierno está empedrado de buenas intenciones… y el desencanto democrático, de promesas de campaña. Un mal endémico de nuestro sistema son las ofertas que se hacen al calor de los comicios y que, sin contenido económico o asidero en la realidad política, se quedan en la retórica electoral. Las próximas votaciones no parecen ser la excepción, a pesar de la explosiva mezcla de malestar ciudadano, escaso margen de maniobra y problemas acumulados que deberá afrontar el futuro Gobierno.
Un reportaje de La Nación muestra que muchas de las principales iniciativas de los cinco candidatos que encabezan las encuestas, no explican cómo se llevarán a la práctica o de qué manera se obtendrán los recursos necesarios para su realización, en medio del déficit fiscal que experimenta el país y de la inflexibilidad del gasto público. Algunos aspirantes, incluso, van más allá y ofrecen logros que, en el mejor de los casos, podrían alcanzarse en un plazo superior a los cuatro años gracias a una mayoría parlamentaria, lo cual no se ha producido en Costa Rica en las últimas dos décadas.
Esta circunstancia puede no ser sorprendente para ciertos sectores escépticos con la política nacional, pero no por eso es menos preocupante, y lleva a los electores a cuestionarse sobre la consistencia de los planes de gobierno y su pertinencia para responder a los problemas nacionales.
En el país más diagnosticado del mundo, como lo llamó el ministro de Hacienda, Edgar Ayales, donde los indicadores sociales y económicos son accesibles para todos, ningún partido político puede alegar desconocimiento tanto de las reformas que se consideran urgentes como de las alternativas concretas, si deseamos seguir siendo una sociedad de alto desarrollo humano. Además, como un hecho inédito en un año electoral, en el 2013 se hizo un esfuerzo por poner a discusión algunos de los temas críticos del Estado costarricense a partir de un análisis objetivo y desapasionado.
Ayales llamó a un diálogo nacional en torno a la crisis fiscal, y la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se reunió recientemente con los candidatos para explicarles de primera mano la frágil situación financiera y administrativa de la institución. Como expresó hace un mes el director a. í. del Estado de la Nación, Jorge Vargas Cullell, al presentar el informe anual, “nadie puede decir que no estaba avisado”.
Este documento, significativamente titulado “Urge despejar mitos para enrumbar la Costa Rica que queremos”, se centra en despejar 13 visiones erróneas sobre la realidad nacional que han impedido a las últimas cuatro Administraciones hacer transformaciones de envergadura en áreas estratégicas como política social, educación, empleo, gasto público y medioambiente. También se enumeran las casi 30 propuestas que se han presentado desde 1989 para reformar el Estado y el sistema político, y sus escasos resultados.
Y, aunque pueda parecer ocioso recordarlo, la posposición de una agenda nacional de cambio no resuelve los problemas, sino que los agrava, al tiempo que aumenta la frustración ciudadana, la insatisfacción con la institucionalidad democrática y la sensación de que nos acercamos al abismo de la ingobernabilidad.
Como lo han advertido numerosos estudios de opinión pública y especialistas, las elecciones del 2014 se dan en medio de un clima de alta y persistente conflictividad, peligrosamente alimentado por promesas que no se han cumplido en el pasado. Por si fuera poco, los indicadores de pobreza, desempleo y desigualdad abonan un panorama de escepticismo, pero también de expectativa. Los candidatos presidenciales, los partidos y sus planes de gobierno, ojalá anclados en la realidad, tienen la responsabilidad de revertir esta atmósfera de incertidumbre y de descontento.
En esta coyuntura, no se trata solo de ganar las elecciones, sino de recuperar un capital de confianza que les abra camino a las reformas que todos anhelamos, y que le recuerde al costarricense que la política puede ser de nuevo el arte de lo posible.