EscucharTreinta y un diputados, una considerable mayoría, exigen la creación de una comisión legislativa para investigar las gestiones del exministro de la Presidencia Rodrigo Arias Sánchez ante el Ministerio Público en relación con el caso del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Les faltan siete votos para constituir el cuerpo investigador, pero la fracción oficialista no está dispuesta a suministrarlos. La función de control político, dice Víctor Emilio Granados, jefe de fracción del Partido Accesibilidad Sin Exclusión, está secuestrada.
Unificados por las circunstancias, los partidos de oposición se niegan a permitir el avance de los proyectos del Gobierno. El pulso está planteado en términos irreductibles, aunque al finalizar la tarde de ayer, una carta del exministro Arias abrió espacios para el diálogo. En la carta, Arias se muestra anuente a ser investigado, pero los liberacionistas insisten en no crear una comisión, sino encargarle la tarea a una ya existente, la de gasto público. Además, exigen que el Fiscal General no sea investigado.
En las tiendas de oposición, los condicionamientos no sientan bien. Algunos diputados se preguntan por qué es necesario el permiso de Arias para iniciar la investigación, por qué se les veda indagar las actuaciones del Fiscal y por qué deben conducir la pesquisa en la comisión designada por los liberacionistas. Una contrapropuesta opositora impulsa un cambio en el reglamento para que futuras comisiones puedan ser creadas con 29 votos.
La actitud de las fracciones opositoras es comprensible, aunque su principal víctima es la administración de doña Laura Chinchilla, empeñada en sacar adelante una reforma fiscal necesaria para enderezar las finanzas públicas. Ninguna oposición digna del nombre podría conducirse de otra manera y los liberacionistas no están en capacidad de acusar a sus contrincantes de obstruccionistas. Remover el obstáculo está en sus manos y el argumento esgrimido hasta ahora para negarse a hacerlo es poco convincente. El Poder Judicial, dicen los verdiblancos, ya inició una investigación.
Ese no es un impedimento, porque abundan los precedentes en contrario y porque la investigación ordenada por los magistrados tiene carácter interno y disciplinario. El Congreso, entonces, no corre riesgo alguno de interferir con un proceso judicial propiamente dicho. Además, en el centro de la conmoción hay dos figuras cuyas actuaciones también son materia idónea del control político: el Ministro de Seguridad Pública y el exministro de la Presidencia, cuyas conductas nadie está investigando. Por último, la Comisión propuesta tiene entre sus fines indagar actuaciones del Poder Judicial y sería absurdo renunciar a ella porque el investigado está investigando.
La Corte dispuso el plazo de un año para llevar a cabo las pesquisas. El caso no parece tan complejo y la ciudadanía está urgida de respuestas. En el curso de ese año, el Ministerio Público operará a la orden de un funcionario cuestionado, la actuación del Ministro de Seguridad permanecerá en el misterio y el país, en ascuas. Por ejemplo, mucho mejor sería saber, desde ahora, si la fiscala que recibió la llamada del ministro José María Tijerino recuerda la fecha. Es un detalle que por sí solo no esclarece el caso, pero ejemplifica los elementos que la ciudadanía no podrá atisbar a través del tupido velo de la indagación interna. La pregunta ya se le debe haber formulado a la funcionaria, pero en la lógica del Poder Judicial los costarricenses no tenemos derecho a conocer la respuesta hasta dentro de un año, so pena de perseguir a quien ose cometer una indiscreción, como ya se está persiguiendo al supuesto responsable de revelar los documentos iniciales del caso. Si por la Corte fuera, Costa Rica nunca se habría enterado de temas tan trascendentales. Por eso, entre otras razones, es necesaria la intervención del Congreso.
Los diputados liberacionistas están, una vez más, en la disyuntiva de apoyar al Gobierno en sus aspiraciones o defender los propósitos de su posible candidato en los comicios del 2014. Sus oficiosas defensas del pasado, incluso contra claros intereses de la administración Chinchilla, hacen dudar del derrotero final de la fracción, abierta al diálogo, con los citados condicionamientos, solamente después de recibida la carta de don Rodrigo.
La opción entre la agenda gubernamental y la defensa del candidato no debería hacérseles tan difícil. Primero, por la urgencia de las iniciativas planteadas por el Ejecutivo, que son tema de Estado y no de política escrita con minúscula. Segundo, porque fue el propio don Rodrigo quien constituyó a la Asamblea Legislativa en escenario idóneo para dar explicaciones al país. En el Congreso, rodeado de los diputados liberacionistas, don Rodrigo ofreció su versión de los hechos. El camino por recorrer para dar explicaciones a la comisión legislativa es exactamente el mismo.
