Editorial: Vergüenza legislativa

La burla teñida de racismo de la socialcristiana María Inés Solís respecto al proyecto de ley con el que se pretende abrir oportunidades de empleo público a los afrodescendientes merece el repudio expresado, casi inmediatamente, por los demás diputados. También merece condena de la sociedad en pleno.

Hay una discusión legítima sobre las llamadas «acciones afirmativas» impulsadas para compensar desigualdades históricas, pero el choteo, valiéndose de etnias, razas, inclinaciones sexuales, discapacidades y hasta religiones no está entre los medios aceptables para expresar oposición.

El proyecto de ley plantea reservar el 7 % de las plazas vacantes en las instituciones públicas a afrodescendientes que cumplan los requisitos legales para el puesto, en condición de igualdad con otros oferentes. Además, procura garantizar cupos educativos en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Con clara intención de obstruir el debate, la diputada Solís presentó 70 mociones, mal redactadas y burlonas, para sustituir la palabra afrodescendiente por diversas expresiones, entre ellas «afrodescendientes, negros». Otra moción más bien propone incorporar la redacción «afrodescendientes, hindúes». Luego, propuso «afrodescendientes, hindúes, personas con discapacidad», y en otras mociones agrega «chinos», «malekus» e «indígenas».

Al parecer, a la legisladora le divierten sus ocurrencias, porque el turno de ser incorporados a la «broma» también les llegó a «asiáticos», «personas desempleadas», «refugiados», «personas de la comunidad LGTBIQ», «personas en condición de pobreza extrema», «bribris», «cabécares”, «borucas» y «huetares».

Con idéntico ingenio, Pedro Muñoz, precandidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana, justificó a la legisladora, quien fungirá como su jefa de campaña. La intención de la diputada, dijo, es proteger a todas las minorías, no solo a una. Con esas declaraciones, Muñoz se suma a la burla y añade un insulto a la inteligencia de los costarricenses.

No vale la pena tomar las declaraciones en serio, pero Muñoz es diputado y precandidato presidencial. La gracejada tampoco debe pasar inadvertida. Las mociones de Solís no abarcan a «todas» las minorías y la acción afirmativa no se justifica para todas ellas. Aún más, el país tiene leyes de acción afirmativa para favorecer a una mayoría históricamente relegada: las mujeres.

Por otra parte, el concepto de «minoría» pierde sentido cuando se le aplica a categorías tan diversas. No todos los grupos enumerados en las mociones son «minorías», en el marco de la discusión sobre acciones afirmativas. Los desempleados son un grupo minoritario en relación con la población total, pero no son una minoría homogénea, unida por características más allá de su temporal desocupación.

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Por último, difícilmente, pretendía la legisladora proteger a «todas» las minorías si cada moción se refiere a grupos diferentes y modifica la redacción anterior. Muñoz quizá nos explique que la idea era cuidar un ratito a los hindúes y otro ratito a los chinos, a quienes, suponemos, también incluyen entre los asiáticos.

El episodio es una vergüenza para el Poder Legislativo y, desgraciadamente, dejará huella en el registro histórico. Los diputados con mejor entendimiento deben preocuparse por dejar anotada, también, su protesta. La subjefa de fracción del PUSC, Shirley Díaz, ofreció disculpas y enfatizó su rechazo a todas las mociones. El presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, expresó con claridad su molestia, como lo hicieron otros miembros de la comisión, pero hay muchas otras voces en la Asamblea y a todos debe importarnos poner freno a la trivialización del prejuicio.