La adopción del cobro electrónico en el transporte público vuelve a la discusión nacional de la mano de la propuesta del presidente, Rodrigo Chaves, para aprovechar el préstamo de $200 millones ofrecido por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para subsidiar los pasajes de bus. “¿Qué tenemos que hacer? Implementar el pago electrónico en los buses para que el subsidio le vaya al usuario y a nadie más; a los usuarios más vulnerables, pero eso lo estamos trabajando. Estamos haciendo los números y acelerando lo del pago electrónico”, afirmó.
El pago electrónico es un medio idóneo de control, cuya utilidad rebasa en mucho las necesidades del momento. Ayudaría a asegurar el buen uso del subsidio, pero rendiría frutos todavía mayores en la fijación de tarifas y otros aspectos del transporte dependientes del número de usuarios.
La necesidad se hace sentir desde hace años. En el 2015, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) contrató al Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (Produs) de la Universidad de Costa Rica auditorías de demanda que detectaron grandes discrepancias entre el número de usuarios contabilizados y los reportados por algunos transportistas.
Las auditorías debieron servir para acelerar la adopción del sistema electrónico, propuesto en el 2014, pero, pasados ocho años, muy poco se ha avanzado. Existe un plan piloto en dos rutas capitalinas y la promesa de incluir 200 autobuses de la Gran Área Metropolitana (GAM) en el tercer trimestre de este año.
El escaso progreso sufre, además, una limitación fatal. El sistema no es exclusivamente electrónico y permite el pago en efectivo. Es decir, hay margen para manipular la información dada a la Aresep para calcular tarifas y controlar el uso del subsidio, si se llegara a ofrecer. La confiabilidad de los datos depende de la exclusividad del sistema. Mientras coexista con el efectivo, no será posible precisar la demanda y fijar tarifas con seguridad.
La defensa del efectivo se fundamenta en la limitada bancarización de los usuarios del transporte público. No todos disponen de una tarjeta de débito o crédito, pero hay otros medios de pago, como las tarjetas especiales utilizadas en todo el mundo. El Instituto Costarricense de Electricidad tiene experiencia en la venta de tarjetas similares para facilitar el uso de ciertos servicios telefónicos.
La idea enfrenta adversarios formidables, no solo entre los transportistas. En círculos financieros, el cobro electrónico puede verse como medio para la bancarización obligada o una amenaza de competencia, dada la posibilidad de poner las tarjetas especializadas a competir con otros medios de pago.
En el 2017, luego de intensos debates, un convenio interinstitucional quedó encargado de establecer una estructura ejecutora del proyecto, pero resultaba obvia la maniobra dilatoria. Fue un éxito, porque todavía hoy estamos en pañales y los sistemas sometidos a prueba no son idóneos.
Si la administración Chaves aprovechara la coyuntura para implantar un verdadero sistema de cobro electrónico, haría una enorme contribución al bienestar de millones de usuarios. Es difícil creer que lo logre a tiempo para controlar el buen uso del subsidio ofrecido por el BCIE como paliativo del aumento en los precios de los combustibles, pero el efecto benéfico se extenderá más allá de la crisis actual y servirá como preparación para la siguiente. Si la adopción del sistema se acoplara a la también postergada sectorización, el transporte público se vería transformado.
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