EscucharAl cabo de un año de encargado el estudio, siete funcionarios del Área de Estadística en Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social determinaron la conveniencia de eliminar la tercerización de un centro de llamadas para «institucionalizar» el servicio y dar trabajo a 514 funcionarios de la entidad.
El estudio es tragicómico. Abunda en errores matemáticos y hasta lógicos. El salario de $83 (unos ¢51.460) es impensable para cualquier funcionario y debió llamar la atención, pero el cálculo de costos partió de ese monto para los 128 encargados del centro de llamadas en su primer año. El número aumentará a 514 el segundo año.
Confrontada por nuestro periodista con esa realidad, la encargada del departamento reafirmó la corrección del cálculo y solo admitió el error cuando se le mostró el índice de salarios de la institución. Cada trabajador gana ¢466.650 y multiplicada la diferencia por 514 —y aun por 128— el resultado es alarmante, tratándose de fondos públicos destinados a financiar la atención de la salud. En lugar de ¢79 millones anuales, la planilla inicial de 128 empleados exigirá ¢717 millones, un 762 % más, sin considerar aguinaldos, anualidades y cargas sociales.
El error es imposible de justificar. Un supremo esfuerzo de condescendencia lo pasaría por alto, de no ser por las desviaciones en el cálculo de otros costos. Diademas, computadoras, licencias de software y servicio telefónico también fueron cuantificados por debajo del costo.
En el 2020, la Caja pagó a la empresa Netcom ¢520 millones por el servicio, dedicado a asignar citas, activación de recetas, difusión de campañas informativas y validación de derechos. Operaba en 20 áreas de salud, entre 14 y 24 horas diarias, dependiendo del tipo de consulta. Con la «institucionalización», se extenderá a todo el país, pero solo 10 horas al día, pues los funcionarios laboran de 6 a. m. a 4 p. m.
Así como insistió en el salario de $83 mientras no se le mostró el índice salarial de la institución, Ana Lorena Solís, jefa del Área de Estadística en Salud, rechazó las deficiencias del estudio con un razonamiento cuya transcripción vale la pena: «Sí, lo que hay es un error en una fórmula (...). Difiero en que el estudio tenga deficiencias. Puede tener algún error de cálculo, nadie está exento de cometer un error, pero el análisis contempla no solamente el uso de un recurso humano, que ya es pagado por la institución, con lo cual yo pude haber puesto ahí $1 millón o $2 millones que el efecto es exactamente el mismo, porque no es un gasto que yo tenga que hacer realmente».
No hace falta una palabra más para comprender la realidad. A la Caja le sobra personal y la «institucionalización» es una forma de preservarlo, no importa el costo ni la eficiencia. Lo mismo da poner $1 millón o $2 millones en el estudio de factibilidad, porque los salarios ya se están pagando y el dinero es de los cotizantes, es decir, un bien de difunto.
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Si lo mismo da $1 millón que $2 millones, ¿cuál es el objeto del estudio? Quien responda «ninguno» ignora el funcionamiento de la burocracia y la lógica de transformar las instituciones, no en un vehículo para ofrecer servicios a la población, sino en un medio para servir, en primer lugar, a la propia burocracia. El estudio hacía falta para justificar la preservación de empleos ya incorporados a la planilla. Con ese objetivo, lo mismo da uno o varios millones de más. El país debe estar profundamente agradecido con la funcionaria por su aleccionadora candidez.
El mismo razonamiento estuvo detrás de la «institucionalización» de 37 Ebáis dirigidos por la Universidad de Iberoamérica (Unibe). La Junta Directiva de la Caja cuestionó el cálculo utilizado para recomendar la medida, pero aprobó la ejecución, pese a un aumento de por lo menos un 30 % en el costo. Son, de nuevo, bienes de difunto.
