EscucharEl ámbito de discreción concedido al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a partir de la apertura del mercado de telecomunicaciones se extendió a toda la operación, incluida la parte no sometida a competencia, es decir, la generación eléctrica. Pasan los años y el país apenas adivina la realidad de una de las empresas estatales más importantes para el bienestar generalizado.
Por eso, Irene Cañas, nueva presidenta ejecutiva, causó sorpresa entre su equipo de comunicación (o incomunicación) cuando propuso informar de la situación financiera de la institución y las medidas necesarias para rectificar el rumbo. El panorama no es halagüeño, pero el propósito de hablar con claridad alimenta la esperanza de un cambio significativo.
La institución perderá este año ¢314.000 millones. Lo confiesa sin tapujos y anuncia urgentes medidas para contener los perjuicios y recuperar solidez. El megaproyecto hidroeléctrico el Diquís y su costo estimado de $3.694 millones fueron a dar al archivo, con pérdidas ya incurridas de $146 millones. La buena noticia es que no hace falta para satisfacer la demanda de años venideros.
La entidad también echará candado a las plantas térmicas de San Antonio y Barranca, cuyos costos operativos alcanzan, en conjunto, ¢3.000 millones y durante años no han generado electricidad. El ICE hará una pausa en el desarrollo del proyecto geotérmico Borinquen, procurará mejoras en las operaciones de televisión por cable y telecomunicaciones y, en general, se dedicará a estabilizar las finanzas, mejorar la calidad y propiciar la integración de las empresas del grupo.
Los propósitos de enmienda son loables, especialmente en una institución dada a defender sus errores en lugar de rectificar. Pero más importante todavía es el propósito de transparencia anunciado por la presidenta ejecutiva, con la estupenda carta de presentación de la conferencia de prensa donde informó de las dificultades, admitió equivocaciones y anunció desacostumbradas medidas de rectificación.
Según Cañas, la política de transparencia también responde a la necesidad de adecuar las prácticas del ICE a los requerimientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Costa Rica pretende ingresar a ese prestigioso club de naciones empeñadas en acelerar el progreso compartiendo las mejores prácticas. Una de ellas es la transparencia. Cañas prometió actualizar periódicamente la información sobre la evolución del ICE.
Ojalá la práctica se imponga y perdure más allá de la actual administración. Desde hace años nuestros editoriales advierten sobre la posibilidad de despertar un día para lamentar pésimas noticias del ICE, incubadas detrás de la cortina del secreto. A mediados del 2012, por ejemplo, señalábamos que la institución ocultaba a la opinión pública, y hasta al gobierno, la información necesaria para valorar su salud financiera.
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“Los estudios del Ministerio de Hacienda sobre las finanzas de la entidad arrojan resultados alarmantes, pero constituyen el panorama parcial, visto desde un resquicio, no una ventana”, decíamos entonces para añadir: “Las explicaciones del ICE no convencen y serán, cuando menos, sospechosas, mientras la institución mantenga su actitud de secretismo aun frente a las autoridades del gobierno. Con esa actitud, los funcionarios a cargo asumen una importante responsabilidad”.
Hoy sabemos que el endeudamiento de la institución pasó de ¢1,8 billones en el 2013 a ¢2,6 billones en el 2017, un incremento del 41 % en el cuatrienio y todavía faltaba sumar la enorme factura del Diquís. Cerca del 85 % de la deuda acumulada sin hacer ruido es en dólares, con grave riesgo cambiario.
