EscucharEl Poder Ejecutivo aprovechará su iniciativa en el periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa para someter a discusión la reforma del aparato estatal y la renovación del marco legal para el empleo público. Sin esas reformas, los sacrificios en procura del equilibrio fiscal se desperdiciarían a mediano plazo.
La frondosidad del aparato estatal es un hecho bien conocido y muy lamentado, pero poco se ha hecho para remediarlo. Toda discusión sobre el asunto se transforma en una confrontación ideológica entre “estatistas” y “liberales”, o cualquier otro par de etiquetas en boga. La retórica de esos choques pronto hace perder de vista las razones pragmáticas de la reforma.
Existen, además, concretos intereses creados en las instituciones, incluidos los 76 órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo, cada uno con su aparato burocrático para atender necesidades de asesoría legal, proveeduría y recursos humanos, entre otras. La duplicidad de funciones a menudo se extiende más allá del ámbito interno de instituciones que pueden compartir servicios y aparece en las tareas desempeñadas por ellas.
Los programas para enfrentar la pobreza están entre los mejores ejemplos. El país gasta un 25 % del producto interno bruto en programas sociales. Ese porcentaje lo coloca a la cabeza del continente, y los expertos afirman que los recursos deberían bastar para eliminar buena parte de la pobreza. Para combatirla, hay unos 46 programas, 34 de ellos de un tamaño apreciable. La administración de esa pléyade de iniciativas está a cargo de 22 instituciones y, en muchos casos, duplican el trabajo unas de otras y crean oportunidades para el desperdicio, el abuso y las “fugas” de recursos.
Mientras tanto, la pobreza ronda persistentemente el 20 % y hay motivos para pensar que el problema no está en la falta de recursos tanto como en el exceso de burocracia. La atomización y fraccionamiento del sector y la falta de la articulación necesaria para alinear las políticas con los problemas han sido denunciadas por muchos investigadores e instituciones, entre ellas la Defensoría de los Habitantes.
Las iniciativas de ley anunciadas por el gobierno para las sesiones extraordinarias que comienzan en diciembre no contienen, hasta donde sabemos, un examen tan detallado de programas específicos, pero los órganos desconcentrados son un buen punto de arranque para una discusión que, con el tiempo, podría ampliarse.
En la pasada administración, el diputado Ottón Solís, fundador del partido de gobierno, planteó un programa de reforma ambicioso, bautizado “plan CERRAR”. Solís propuso clausurar el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah). Su idea no es eliminar las funciones, sino trasladarlas, con los fondos correspondientes, a un ministerio donde se ejecuten con más eficiencia y menos burocracia, dispersión y desperdicio. Asignaciones Familiares (Fodesaf) se trasladaría a la nueva cartera y el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU) pasaría al Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán). Las responsabilidades del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder) serían asignadas al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
La revisión del aparato estatal es necesaria en todas las áreas, no solo en el combate a la pobreza, y el planteamiento de Solís no es único. En todos los ámbitos se reconoce la existencia de instituciones y programas superados por el tiempo o las circunstancias. Otros ganarían en impacto y eficiencia si se les concentra en organismos estructurados para coordinar esfuerzos dispersos. No se trata de invertir menos, sino mejor. En buena hora vuelve el tema al tapete.
