EscucharDesde el 2015, hay planes para fusionar las instituciones relacionadas con la vivienda con el propósito de procurar mejor coordinación y mayor eficiencia.
Hace poco, el presidente, Carlos Alvarado, insistió en la necesidad de la reforma, y ahora la nueva ministra Jéssica Martínez la describe como su misión principal.
La fusión del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) depende de la Asamblea Legislativa.
Las últimas dos instituciones tienen leyes constitutivas cuya reforma es indispensable.
La primera no tiene un marco legal consolidado y su integración con las otras dos quedaría plasmada en la definición de las potestades para emitir lineamientos y diseñar las políticas generales de la nueva entidad.
La ministra Martínez no se plantea la necesidad de despedir personal y, sin descartarlo, insiste en la relevancia de trabajar con quienes se comprometan con los propósitos sectoriales.
La eventual revisión de la planilla, sin embargo, no será el único obstáculo para la fusión.
Cuando Alvarado anunció el mismo objetivo y dijo estar dispuesto a impulsarlo en las postrimerías de su gobierno, hubo una airada protesta del Banhvi por la falta de información previa.
El incidente revela la sensibilidad de las burocracias consolidadas en el sector y la necesidad de tomar en cuenta su probable oposición. La protesta surgió aunque Alvarado contempló la fusión en sus planes de gobierno, y solo se vio obligado a postergarla para atender la crisis sanitaria de la pandemia y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La reforma es necesaria, como lo demuestra el consenso. Es, si se quiere, un primer paso de la reforma del Estado, obvio si se considera la redundancia de funciones y la importancia de mejorar la gobernanza del sector.
A lo largo de la administración que termina, el Poder Ejecutivo sufrió fricciones con el Banhvi por la asignación de recursos para vivienda social y el Banco chocó con el INVU por la inversión de fondos para ofrecer vivienda a personas en condición de pobreza.
En el 2020, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, cuestionó la existencia de tres instituciones para ejecutar las políticas de vivienda y ordenamiento territorial.
La funcionaria se quejó de la “dispersión de esfuerzos” en una actividad en la que una entidad promueve programas habitacionales y ejecuta políticas de vivienda, otra provee financiamiento mediante una gran cantidad de entidades autorizadas y la tercera ejerce una incómoda rectoría.
“Debemos cuestionarnos si a estas alturas, teniendo una herramienta tan poderosa como el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) y programas de vivienda en condiciones muy atractivas en la banca comercial y otras entidades, tiene sentido mantener el Banhvi”, afirmó Garrido ante la comisión legislativa de Reforma del Estado el 30 de setiembre del 2020.
El presidente del Congreso, Rodrigo Arias, destacó entre los proyectos de ley más significativos de su partido la creación de un fondo para la vivienda.
Lo considera necesario para reactivar la economía y generar fuentes de empleo, pero, ante todo, para satisfacer una sentida necesidad social.
El proyecto de fusión de instituciones del nuevo gobierno todavía está siendo elaborado; no obstante, la ministra declaró su intención de partir de los planes propuestos en el 2015.
Si las dos iniciativas progresan en armonía, habría más razones para confiar en el resultado.
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El sector de la vivienda lo componen el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Banco Hipotecario de la Vivienda y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. (Alonso Tenorio)
