Editorial: Rechazo a los albergues

El aislamiento de los infectados es uno de los cinco pilares de la lucha contra la pandemia, junto con el distanciamiento social, un amplio programa de pruebas, el rastreo de contactos y el fortalecimiento de las capacidades hospitalarias. Pero el aislamiento presupone espacios adecuados para la cuarentena. Un infectado sin la condiciones requeridas, hacinado en su hogar o en su barrio, transmitirá el virus a cuantos se le acerquen, sean familiares o vecinos. Esas personas, a su vez, infectarán a otras y, en zonas muy pobladas, pronto habrá transmisión comunitaria.

Aislados en un albergue con las medidas de seguridad adecuadas, los enfermos podrán hacer la cuarentena con seguridad y en condiciones dignas. El virus no traspasa paredes y, a falta de una salida no autorizada, burlando la vigilancia, el riesgo de transmisión al vecindario es nulo. Por el contrario, si los contagiados son enviados a la casa, en condiciones inapropiadas, el control de sus desplazamientos es mucho más difícil.

En ausencia de un albergue, no hay otro destino para los alajueliteños infectados, porque el destierro no está entre las posibilidades. Sin darse cuenta, el alcalde propone políticas idóneas para propagar la enfermedad. Si la decisión estuviera en sus manos, el futuro del cantón parecería sombrío.

Por fortuna el establecimiento del albergue, en ese y otros cantones, corresponde a las autoridades nacionales. Deben proceder sin dilación y dispuestas a aplicar la ley a quien entorpezca la atención de la emergencia. La mal informada posición del alcalde de Alajuelita también se manifiesta en otros cantones. Las consecuencias de ceder en un caso se extenderían a los demás. El país no puede darse el lujo de poner decisiones tan vitales en manos de quienes carecen del conocimiento para tomarlas.

No faltan barrios donde las casas de pacientes de covid-19 son apedreadas. En una oportunidad, la víctima fue una trabajadora de los servicios esenciales para atender la pandemia. Los ciudadanos deben ser informados del bajo riesgo de contagio si no hay contacto cercano con una persona afectada. Aún más, es preciso insistir en las circunstancias donde el riesgo se magnifica, como la cercanía de contagiados asintomáticos o con efectos leves. Fueron personas pertenecientes a esas categorías y no enfermos diagnosticados quienes desataron los contagios en las fiestas celebradas en Alajuelita. Una fiesta es mucho más peligrosa que un albergue y mucho menos útil. Las aglomeraciones, no los medios para el aislamiento, deben preocupar al alcalde.

El rechazo a la apertura del albergue se funda en el temor de que sea utilizado para enfermos de otros cantones. La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) ofreció al alcalde seguridades de su intención de aislar en el sitio únicamente a residentes del cantón. No les cree, aunque la CNE ya adelantó gestiones para utilizar centros educativos desocupados en San Carlos, Los Chiles, Guatuso y La Cruz, además de Alajuelita.

Los temores son infundados, no importa quienes ocupen el albergue, pero si además hay compromiso de las autoridades de utilizarlo únicamente para residentes del cantón, la oposición no tiene sentido. Alajuelita y otras comunidades encaran una crisis sanitaria urgente. Sus autoridades deben comenzar por informarse mejor.