4 diciembre

“La Nación” publicó el lunes la lista de exdiputados que reclaman a la Sala Constitucional un aumento del 30 % anual para sus lujosas pensiones. Es duro decirlo, pero el desparpajo de la pretensión lo provoca: con pocas excepciones, los beneficiarios cayeron en el olvido apenas concluyó su gestión legislativa. Solo los recuerda la pagaduría estatal y, en muchos casos, ni siquiera sobreviven sus partidos.

Hay en la lista casos de personas mantenidas por el Estado durante más de 30 años

A varios les hemos costeado la vida durante más de tres décadas, con jubilaciones extravagantes para las posibilidades (y necesidades) de Costa Rica. La mayoría cobra mucho más del doble de la pensión máxima del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social luego de las deducciones establecidas para moderar el abuso. La diferencia, claro está, es que para las jubilaciones del IVM sí se cotiza (salvo el régimen no contributivo de los más necesitados) y hay un tope riguroso, sin importar la suma aportada.

Miles de costarricenses destacados en las ciencias, las artes, el deporte y muchos otros ámbitos están pensionados por el IVM, la mayoría sin alcanzar siquiera la jubilación máxima, cercana a ¢1,5 millones. Entre ellos se cuentan, por ejemplo, casi todos los galardonados con el Premio Magón, la más alta distinción cultural costarricense. Esas figuras vivirán por siempre en la memoria nacional. Sus contribuciones a la forja de la nacionalidad son imperecederas, pero son los transitorios ocupantes de una curul, casi todos sumidos en el olvido, quienes reclaman aumentos que, a la vuelta de seis años, podrían alcanzar la cifra bruta (o brutal) de ¢30 millones.

¿Por qué lo merecen? No hay una sola razón afincada en la lógica y ninguna basada en la “meritocracia”. Ninguno de los beneficiarios cotizó lo requerido para tener una pensión tan jugosa y, a los mortales que lo hicieran, el tope del IVM les negaría un monto tan alto. El fundamento es, exclusivamente, una ley de 1985, aprobada por el propio Congreso.

Tan desvinculada está la norma de los méritos, que el privilegio no se les concede a los diputados de la actualidad, con tantos merecimientos como sus predecesores si fuéramos a considerar el servicio en la Asamblea Legislativa como fundamento de una jubilación aristocrática. Además, el beneficio podía ser heredado por cónyuges e hijos y tres de los recursos planteados ante la Sala IV en este momento llevan la firma de herederos. ¡El descendiente de un diputado tiene derecho a vivir de una patria donde la quinta parte de la población subsiste debajo de la línea de la pobreza medida por ingresos!

El fuero cuasimedieval se extiende así por largas décadas. Hay en la lista casos de personas mantenidas por el Estado durante más de 30 años. No sorprenden, entonces, los dos intentos de poner coto al abuso, cuyo peso sobre el presupuesto nacional dista de ser determinante, pero ofende todo sentido de la justicia y proporciona coartadas para otros beneficios injustificables. En 1992, una reforma intentó frenar el ritmo de aumentos y dispuso alzas equivalentes a las concedidas a los funcionarios públicos. Los afectados presentaron recursos ante la Sala Constitucional y triunfaron.

El segundo intento de frenar el desproporcionado e irracional crecimiento de las pensiones de lujo ocurrió en el 2016 y, de nuevo, la Sala IV deberá estudiarlo con el acicate de 42 acciones de inconstitucionalidad planteadas por 51 personas, de las cuales 34 son exdiputados. El caso nos recuerda el tiempo transcurrido desde que Costa Rica comenzó a repartir privilegios totalmente alejados del más básico sentido de la justicia. Es hora de ponerles fin.