La pletina del puente sobre la autopista General Cañas desafió nuestra voluntad e ingenio por largos años, pero no tantos como la carretera a Caldera. Todavía no está a la vista la ampliación de la ruta a San Ramón, planeada, concedida, cancelada y entregada a un fideicomiso también hace años. De la vía a San Carlos, mejor ni hablar. Mucho ha llovido desde la promesa del expediente digital único en salud y todavía no está completo. Otro tanto podemos decir del sistema unificado de compras públicas.
Conocemos la complejidad de esos proyectos y los intereses en juego. Nada de eso justifica los atrasos, pero al menos los explica. En cambio, la falta de vigilancia electrónica en nuestras carreteras es inexplicable después de los iniciales tropiezos de la idea en la Sala Constitucional.
En aquel momento, debimos haber aprendido cómo establecer un sistema de vigilancia electrónica eficaz, acorde con las garantías constitucionales. En los años transcurridos desde entonces, debimos haberlo instalado para responder al creciente número de accidentes de tránsito con grave daño para la salud y la vida, además de la economía y la seguridad social.
Vivimos en época de estrechez económica, no hay duda, pero un sistema de vigilancia electrónica se pagaría solo en poco tiempo. Las multas seguramente bastarían. Si se les suma el ahorro en costos de atención médica, pérdida de productividad, pago de seguros y daños materiales, no hay mejor negocio para Costa Rica.
Si bien la inversión en un sistema de cámaras se pagaría en poco tiempo y luego produciría considerables ahorros, el verdadero sentido de urgencia debe provenir de las cotidianas tragedias en las carreteras. La imprudencia, alentada por la impunidad, es causa de inmenso dolor. Más allá de toda consideración económica, esa es la razón primordial para intensificar la vigilancia.
En un país con 728 oficiales de tránsito y otros 220 en camino, gracias a un esfuerzo de racionalización de plazas en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, no cabe duda de la necesidad de emplear la tecnología para paliar en algo la escasez de recursos humanos. Las autoridades lo saben. Periódicas declaraciones lo demuestran, pero el asunto desaparece de la conversación con rapidez, casi siempre unido a la promesa de un plan piloto a corto plazo o un avance similar.
Comenzando el 2017, el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) dijo estar a punto de concluir la redacción de un reglamento a la medida de las objeciones planteadas por la Sala Constitucional cuando examinó la norma anterior. Una campaña informaría a la población las particularidades del sistema durante el segundo semestre del año y en enero del 2018 comenzaría a funcionar el plan piloto, con cámaras en la ruta Cañas-Liberia y en la vía entre Pérez Zeledón y la zona sur. Meses más tarde, la Junta Directiva de Cosevi aprobó una licitación cuyo cartel estaba casi listo. No había contenido presupuestario, pero ese problema quedó para después. Nada se volvió a saber al respecto.
En otros países, las cámaras se emplean hasta para multar a quienes evaden el pago de peaje. En el nuestro, parece imposible instalarlas para salvar vidas. Lo hemos dicho en muchas oportunidades: el tiempo invertido en producir una severa ley de tránsito será un desperdicio mientras no haya razones para temer su aplicación. Si lo juzgamos a partir de la cantidad de muertos y heridos, los accidentes de tránsito son el principal problema de seguridad ciudadana. Por algún extraño motivo, rehusamos reconocerlo.
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