El plan CERRAR, propuesto por el exdiputado Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), para eliminar un grupo de instituciones del sector social sin disminuir el presupuesto destinado a combatir la pobreza, fue condenado al archivo por falta de votos para renovarle la vida en el plenario. La prolongación del plazo requería mayoría calificada (38 votos) y solo votaron 30 diputados, 13 de ellos contra la salvación del proyecto.
Según las estimaciones de Solís, el plan ahorraría ¢60.000 millones al Estado. Esos fondos se destinarían a combatir la pobreza con más eficiencia y menos burocracia. A fin de cuentas, Solís no proponía ahorro, sino mayor eficacia en la ejecución del presupuesto.
La derrota del proyecto es una desconcertante victoria de la burocracia sobre los más nobles fines de la sociedad costarricense y un extraordinario ejemplo del secuestro de recursos estatales para beneficio de quienes los administran. Se le atribuye a don Pepe Figueres haber dicho que el IMAS sirvió para sacar de la pobreza a sus directores. La frase tiene toda la picardía e ingenio del extraordinario estadista. Si no fue él quien la pronunció, el verdadero autor logró igualar su habilidad para enseñar con la ironía.
Diecisiete diputados votaron a favor de mantener el proyecto en la corriente legislativa. La moción para hacerlo fue presentada por el independiente Erick Rodríguez, quien había unido esfuerzos con la socialcristiana María Inés Solís para revivir la iniciativa. Los votos de apoyo salieron de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana.
Solís propuso cerrar el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) para trasladar sus funciones, con el dinero correspondiente, a un Ministerio de Asistencia Social (MAS), menos burocrático y más ágil, capaz de eliminar el desperdicio. La nueva entidad también tendría a su cargo el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf). El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) cumpliría los fines del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder) y el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán) se haría cargo de las tareas del Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU).
La oposición surgió de inmediato, no en las filas de los beneficiarios, sino entre las agrupaciones burocráticas cuya prioridad es defender la existencia de las instituciones como fuente de empleo y beneficios para sus afiliados, en lugar de combatir la pobreza y mejorar la calidad de la inversión pública.
Abundan los estudios sobre el desaprovechamiento de la cuantiosa inversión social costarricense. Sólidas investigaciones coinciden en señalar la posibilidad de eliminar o reducir significativamente la pobreza con el 20 % del producto interno bruto destinado a ese fin, si se suprime la duplicación de funciones, la laxitud de los controles y los excesos burocráticos, entre otros males en la mira del proyecto CERRAR. En cambio, la pobreza medida por ingresos ronda el 20 % desde hace demasiados años.
“A pesar de esa virtuosa tradición (de las garantías sociales en el país) y de los constantes incrementos en los recursos asignados por el Estado a los sectores más desposeídos de la sociedad, los índices de pobreza, pobreza extrema y desigualdad no han mejorado y en algunos casos más bien se han deteriorado”, escribió Solís para justificar el proyecto de ley presentado en diciembre del 2015.
Pasaron cuatro años y la iniciativa no pudo ser rescatada del archivo, pero la voluntad reformadora en la Asamblea Legislativa parece suficiente para retomarla, mediante un nuevo proyecto de ley. Los votos recibidos por la moción de Rodríguez, aun en ausencia de 27 legisladores, fundamentan la esperanza.