La Unidad Social Cristiana se unió a otras fracciones de la Asamblea Legislativa para aprobar la reducción de jornadas en el sector privado. A tenor de la reforma, miles de trabajadores reciben hasta la mitad de su sueldo desde hace más de tres meses. Fue una buena medida porque conservó para ellos la relación laboral y un ingreso fundamental aunque disminuido.
Los menos afortunados también son una legión. En su caso, los objetivos de la ley no se cumplieron y perdieron el empleo y los ingresos en el peor momento. Las empresas donde laboraban sufren por igual. Muchas, completamente cerradas, dudan de la posibilidad de volver a abrir o ya la descartaron.
Pero en el sector público no hay despidos ni rebaja de salarios. La situación laboral de los servidores del Estado se mantiene como si no hubiera pandemia, y los socialcristianos están empeñados en mantenerla así, no importan las graves circunstancias fiscales. Para lograrlo, formulan todo tipo de propuestas, algunas de muy limitada utilidad y ninguna incompatible con la reducción de jornadas en el Estado.
La diferencia fundamental con el sector privado son las barreras interpuestas por la ley y la política al despido de funcionarios. No es necesario rebajar el gasto en salarios para asegurar la relación laboral de los empleados públicos. En el caso extremo, sería perfectamente posible imprimir dinero, con grave daño para la economía, pero con certeza de pagarles la jornada completa.
El país se aproxima rápidamente a una situación límite. El Ministerio de Hacienda advierte de un déficit fiscal del 10 % o quizá mayor. Los ingresos del Estado andan por el suelo y los gastos deben disminuir. Los socialcristianos lo saben y sus sugerencias van desde recortes universalmente invocados, por inocuos, cuando se exige moderación en el gasto (viajes, publicidad, gastos de representación) hasta la idea de recortar el 15 % a todas las partidas presupuestarias, con excepción, claro está, de los salarios, uno de los rubros más onerosos del gasto.
La subejecución del 15 % en todas las partidas, según sus proponentes, ahorraría un 1 % del producto interno bruto, es decir, unos ¢355.000 millones, pero el faltante supera el billón de colones. A la iniciativa sería necesario sumar otras medidas. Un recorte radical de horas extras, viáticos, viajes y publicidad representaría un ahorro adicional de ¢50.000 millones y así alcanzaríamos reponer la tercera parte de la disminución de ingresos estimada por Hacienda y certificada por la Contraloría General de la República en ¢1,2 billones.
Ahora, el gobierno propone reducir en un 15 % la jornada de los funcionarios mejor pagados, lo cual representaría un ahorro de ¢130.000 millones, todavía insuficiente si se suma a las dos iniciativas anteriores, pero ya el PUSC aseguró que esa es la salida fácil de “un gobierno sin ideas”. Si es tan fácil, la Unidad no debería tener reparos en sumarse a la iniciativa y hasta utilizar su derecho a enmienda para ampliarla, en vista de su insuficiencia. La objeción socialcristiana a la reducción de jornada a los empleados con menos ingresos ya viene resuelta por la decisión del Ejecutivo de afectar solo a los más favorecidos y, cuando el PUSC defina el concepto de “menos ingresos”, podría tomar como referencia la situación del sector privado. Un salario público de ¢1 millón, con el 15 % menos, representa tanto como el 50 % de ¢1,7 millones en la empresa privada.
Alejados de la lucha política, cuatro exministros de Hacienda, dos de ellos salidos de las tradicionales tiendas socialcristianas, recomendaron adoptar medidas drásticas para enfrentar la grave crisis del momento, entre ellas la reducción de remuneraciones y de la planilla en general. La fracción legislativa del PUSC está en otra cosa.