Editorial: Nuestra sólida libertad de prensa

“La represión y la estigmatización de la prensa, nutridas por la desinformación y los ataques en línea, han adquirido nuevas dimensiones, sobre todo en los países que enfrentan grandes conflictos sociales”, dice el informe. Pero en una región “corroída por la corrupción, la inseguridad y la violencia cotidiana” contra los medios, destaca una excepción: Costa Rica.

Nuevamente, somos los mejor calificados de Latinoamérica, con Jamaica, en el Caribe de habla inglesa, situada encima de nosotros. Más aún, del 2019 al presente año, ascendimos tres lugares, para sobresalir como el sétimo del mundo. Uruguay, el segundo mejor latinoamericano, se mantuvo en el lugar 19, mientras Cuba, el peor, bajó dos puestos y está en el número 171 de 180 países y territorios considerados.

Costa Rica supera democracias tan justamente reconocidas como Suiza (octava), Nueva Zelanda, Portugal, Alemania, Bélgica y Canadá. Por cuarto año consecutivo, Noruega ocupa el primer lugar, seguida por Finlandia, Dinamarca, Suecia y los Países Bajos. Estados Unidos, en cambio, está en el 45, mientras China, que endureció sus mecanismos de control y censura durante la pandemia de la covid-19, ocupa el cuarto peor lugar del mundo.

Para llevar a cabo la clasificación, RSF mide, mediante encuestas a varios especialistas y periodistas en ejercicio, el desempeño de cada país o región en relación con los siguientes factores: el pluralismo de la sociedad y los medios, su independencia, el ambiente de trabajo y el grado de autocensura de los periodistas, el marco legal, la transparencia y la calidad de la infraestructura para la producción de información.

El informe destaca que en Costa Rica los periodistas “pueden ejercer su oficio tranquilamente y cuentan con un sólido marco jurídico en materia de libertad de expresión”. También, que “se registran muy pocos casos de agresiones o intimidaciones a periodistas” y que “el Estado no suele interferir en el trabajo de la prensa”. Sin embargo, añade que “a veces los reporteros enfrentan dificultades para tener acceso a la información pública” y que la concentración mediática “constituye también un freno importante para el pluralismo del país”. Pero ninguna de estas dos debilidades mencionadas, real la primera y algo discutible la segunda, ensombrece la situación general.

Los buenos resultados, además, tienen como fundamento otros factores esenciales, de los cuales el informe, por su énfasis, no se ocupa: la profundidad de nuestra cultura democrática, la solidez de las instituciones, la seguridad jurídica, el valor que se adjudica a la transparencia y un entorno de discusión abierta sobre asuntos de interés público. Por algo, nuestro desempeño también es ejemplar en índices que miden los niveles de libertad y democracia.

Los datos de esta sistemática clasificación, más las consideraciones cualitativas que la acompañan, contrastan marcadamente, en el caso de nuestro país, con un informe divulgado recientemente por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que formuló una serie de “denuncias” carentes de base alguna y basadas en criterios estrictamente subjetivos.

Esta es una razón para explicar por qué la SIP, que en décadas anteriores constituía el canon para evaluar la libertad de expresión en el hemisferio, ha sido superada tanto por RSF como por el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), con sede en Nueva York.

Además de la complacencia nacional por nuestra posición, si a algo debe inducirnos el informe es a estar siempre vigilantes de nuestra democracia y lo que esto implica, y a no creer que tanto ella como la libertad y la justicia están siempre garantizadas. Al contrario, son bienes tan cruciales como frágiles, los cuales demandan protección constante y un esfuerzo persistente no solo por mantenerlos, sino también por ampliarlos.