Las bondades del cobro electrónico en el transporte público dependen de la exclusividad del sistema. Mientras exista la posibilidad de pagar con efectivo, habrá dificultades para precisar la verdadera demanda y fijar las tarifas a partir de datos confiables. Por eso la necesidad de adoptar un sistema útil, también, para los sectores no bancarizados. Entre los usuarios de buses y trenes hay muchos sin tarjeta de crédito o débito.
Aunque se incorpore el celular a los medios de pago, habría usuarios sin posibilidad de tomar un autobús cuyo chofer no acepte efectivo. Por eso la propuesta impulsada hace años por el entonces viceministro Sebastián Urbina de emplear tarjetas prepagadas. El sistema lo administraría el Instituto Costarricense de Electricidad, que ya tiene experiencia con las tarjetas Kölbi.
Luego de algunos avances a inicios de la actual administración, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes cedió ante los empresarios, destituyó a Urbina y creó comisiones donde los autobuseros tuvieron amplia representación. Ahora, como para no irse en blanco, la administración organizó la firma de un acuerdo donde no se resuelven las dudas ni hay objetivos claros.
La propuesta general estaría lista en nueve meses, dicen los propios firmantes. No hay claridad sobre las características precisas del sistema porque apenas “se construyeron acuerdos generales”, según el representante del Banco Central en las conversaciones, quien admitió la posibilidad de que el próximo gobierno “destroce” los avances.
En otras palabras, no hay nada definitivo. La administración anterior dejó firmado un acuerdo con idénticas intenciones que el gobierno de Luis Guillermo Solís tiró por la borda. En efecto, el convenio recién firmado es el cuarto en tiempos recientes y no contempla mayores avances que el suscrito el 23 de enero del 2014.
Quizá, la mayor importancia del último acuerdo es marcar, oficialmente, el fin de toda posibilidad de resolver el problema durante la actual administración y, tal vez, una repetición del proceso en la próxima si las elecciones no producen un gobierno dispuesto a plantarse frente a los empresarios del transporte. Hay muchos espacios para el desacuerdo de última hora, el rechazo de la propuesta definitiva y nuevos llamados al diálogo, posiblemente para firmar el quinto acuerdo y seguir dando largas al asunto.
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No habrá cobro electrónico mientras exista la posibilidad de pagar con efectivo, aunque también se acepten otros medios de pago. En ciudades avanzadas, como Nueva York, el usuario compra su tarjeta prepagada por determinado número de viajes con efectivo o tarjetas de crédito y débito. Solo así puede hacer uso del transporte. Esa era la propuesta de Urbina y las posibilidades de ejecución ya estaban adelantadas, tanto que este gobierno pudo haber inaugurado el sistema en vez de producir, al final, un simple disimulo para pasar la bola, casi sin tocarla, a la próxima administración.
También existió la posibilidad de avanzar en otro de los temas fundamentales del transporte público: la sectorización. El proceso siguió exactamente el mismo curso, con los mismos actores. Nada dejará hecho este gobierno en esa materia, aunque dirá que estimuló un diálogo del cual extrajo importantes avances. Lo cierto es que ambas tareas quedan pendientes y la resistencia del sector del transporte será la misma en la próxima administración, o en las siguientes, hasta que aparezca una dispuesta a plantarse.